El director general de la Policía imputado por poner en riesgo la salud de los agentes ante el Covid

• Alfonso Egea @Alfonso_Egea
• Jefe de Investigación en OKDIARIO. Anteriormente fui responsable de la sección de Actualidad y Sucesos en Espejo Público, en Atresmedia. He publicado cuatro libros y actualmente colaboro en programas de televisión en Mediaset y en Telemadrid. Agradecido por tener el reconocimiento de la Policía Nacional de Madrid y la medalla al mérito de la Guardia Civil.
• • 30/01/2021 06:50
  • Actualizado: 30/01/2021 08:37

El 24 de enero de 2020, hace exactamente un año, un documento interno del Cuerpo Nacional de Policía se adelantó a todas las demás instituciones de este país con una clara advertencia sobre el Covid: se había detectado un virus en diciembre de 2019, un mes antes, en un mercado de Wuhan, en China, y además se había demostrado que el virus se transmitía fácilmente entre seres humanos. El documento estaba elaborado por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía y firmado por quien lo dirigía, José Antonio Nieto. El documento se marcaba como objetivo dar las recomendaciones precisas y necesarias para la protección de todos los agentes policiales, en especial los que desarrollaban su trabajo en puestos fronterizos, y daba recomendaciones sanitarias a la hora de interactuar con ciudadanos en momentos de estrecho contacto como revisión de documentación o cacheos.

En la fecha de ese informe el Gobierno de España mantenía la normalidad en el país, Fernando Simón, el máximo responsable de alertas sanitarias, hablaba de que habría uno o dos casos de Covid en España y el ministro del Interior, Fernando Grande -Marlaska, preparaba uno de sus movimientos más incomprensibles desde que ocupa el despacho del Paseo de la Castellana 5: cesar de manera fulminante al autor del primer informe oficial que prevenía de una pandemia que ha dejado decenas de miles de muertos en nuestro país durante el último año.

Marlaska aseguró en sede parlamentaria, tardó dos meses en hacerlo, que cesar a Nieto fue consecuencia de la “falta de lealtad” del policía que advirtió por primera vez de la gravedad del Covid y que puso en ese informe, entre otras cosas, que las mascarillas necesarias para minimizar el riesgo de contagio eran las FFP2, las que hace sólo unos días el Gobierno señaló como más adecuadas tras andar casi un año permitiendo las quirúrgicas o las de tela. Ese policía lo sabía dos meses antes de que se decretara el primer estado de alarma y por ponerlo negro sobre blanco fue cesado. Pero para hacerlo Marlaska se valió de su hombre de confianza en el CNP, su director general, cargo político, no operativo, y escogido a dedo. Es ahora ese cargo, ocupado por Francisco Pardo, quien debe responder como investigado por una querella interpuesta por el sindicato policial JUPOL. La querella en cuestión fue presentada ante un juzgado ordinario en Madrid, que no la admitió a trámite, hecho que acaba de enmendar la Audiencia Provincial de Madrid, que sí aprecia indicios del delito del que se acusa a Pardo: ni más ni menos que uno contra los derechos de los trabajadores “al no haber adoptado las medidas de protección que recomendaban expresamente varios informes con los que contaba desde el mes de enero de 2020, poniendo con ello en peligro la vida, salud y seguridad de los agentes”, se asegura en la querella. Acusan a Pardo de no cuidar de la Policía ante el riesgo de contagio de Covid.

«Interior obvió los informes»

Y es que ese es el quid de la cuestión: no se persigue una actuación incompetente o insuficiente, lo que se trata de entender con esta acusación es a qué vino no solamente no escuchar las recomendaciones de un departamento especializado como el de Riesgos Laborales, sino por qué no se hicieron las previsiones necesarias para proveer de material adecuado anti Covid a los policías que iban a entrar inmediatamente en contacto con ciudadanos que podían ser transmisores potenciales del virus. Pablo Pérez, el portavoz de JUPOL, considera que la situación vivida por los agentes de Policía Nacional durante la pandemia ha sido y está siendo “muy grave y constitutiva de un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores, más aún, cuando a sabiendas de los riesgos sanitarios existentes, la cúpula de Interior obvió los informes, tanto internos, como de organismos sanitarios internacionales, y autorizaran el trabajo de los agentes en condiciones de riesgo”. Por todo ello Pardo tendrá que dar explicaciones en sede judicial como investigado, pero este es sólo uno de los tres procedimientos en los que ha sido encartado bajo la misma calificación, la de imputado.

En marzo el director general de la Policía declarará ante la Audiencia Provincial de Barcelona por los altercados acaecidos en la ciudad Condal en octubre de 2019 tras conocerse la sentencia del procés. Hubo más de 300 agentes de las Unidades de Intervención Policial heridos en aquella ocasión y Pardo tendrá que explicar cómo se organizó un operativo que puso en serio riesgo a los agentes que en él participaron.

La tercera imputación pasa por presuntas coacciones a los agentes que se manifestaron frente al Congreso de los Diputados en septiembre del año pasado.

Parece que al elegido por Marlaska para dirigir la Policía no le gustan las manifestaciones ni pone mucho empeño en revisar operativos policiales, lo que puede ser por un exceso de celo lo primero y por falta de pericia lo segundo, pero lo de no hacer caso de un informe que te avisa de la mayor pandemia sufrida en 100 años con dos meses de antelación, simplemente, parece, presuntamente, no querer velar por la salud de la Policía ante el Covid.