La Diputación de Barcelona salva a Puigdemont: le da 27 millones para becas

La Diputación de Barcelona asumirá el pago de 27 millones de euros correspondiente a becas cuando debería ser el gobierno de Carles Puigdemont el encargado de financiarlas. La corporación provincial incluye estos pagos en sus presupuestos para 2017 cuando realmente correspondería a la Consejería de Enseñanza de la Generalitat. Las cuentas aprobadas incluyen dos partidas: la primera, destinada a guarderías y becas de comedor por un total de 20,5 millones de euros, y una segunda de 6,5 millones para transporte escolar.

Su aprobación ha provocado el enfado de numerosos diputados provinciales de la oposición, quienes han recordado que Puigdemont y la Generalitat «desvían la friolera de 5,8 millones de euros para organizar la convocatoria ilegal a los catalanes y ahora piden a la Diputación de Barcelona que les sufraguen las becas a los niños». Así, el organismo que preside Mercè Conesa financiará a Puigdemont y Junqueras los servicios municipales esenciales.

La oposición critica que los presupuestos podrían superar el techo de gasto de las administraciones fijado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ante la exigencia de Bruselas. Las cuentas para 2017 prevén un incremento de 40,5 millones de euros más que el presente ejercicio, en total unos gastos de 936 millones. Tanto el PDECat como ERC siempre han defendido la supresión de las diputaciones provinciales, sin embargo en estos presupuestos incrementa sus partidas. La Diputación de Barcelona contará con 936 millones y sus organismos autónomos se llevarán 231,7 millones.

Las cuentas de Puigdemont incluyen también una partida de 62,3 millones para la consejería de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales, de los cuales 18,2 se dedican expecíficamente a la acción exterior. Otro de los capítulos clave es el llamado «estructuras de estado», donde el Ejecutivo catalán destina a esta partida 57,4 millones para el desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), con un incremento de personal de 459 personas, hasta llegar a las 903.

La Generalitat cuenta con un plan B para que, en caso de que el Gobierno anule la partida del referéndum, recurrir al fondo de contingencia, es decir, la partida para los imprevistos, donde hay reservados unos cuantos millones de euros para el referéndum sobre la independencia.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría señala que la Generalitat tiene toda la legitimidad para aprobar sus presupuestos y buscar a los partidos que pueden apoyarlos y que estos sean «buenos, menos buenos o malos», pero advierte que «deben ajustarse a la legalidad, y que contengan un referéndum de autodeterminación que nuestra Constitución no contempla y que tampoco abunda por el mundo de las constituciones, sencillamente hace de esos presupuestos algo que no se enmarca dentro del sistema», subrayó.