Dignidad y Justicia pide al Gobierno que recurra la sentencia de Estrasburgo sobre Otegi

La asociación Dignidad y Justicia ha reclamado al Gobierno que recurra ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el conocido como caso Bateragune para que el etarra Arnaldo Otegi no pueda presentarse a las próximas elecciones europeas de 2019.

En esa sentencia, el TEDH condena a España por no atender la recusación que presentaron Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale en 2011 contra la jueza de la Audiencia Nacional Ángela Murillo, que presidió el tribunal que les juzgó por el caso Bateragune.

La asociación es partidaria de que el Gobierno haga uso del artículo 43 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que cualquier parte en la causa puede recurrir en tres meses una sentencia ante la Gran Sala del TEDH.

En ese caso, cinco jueces de esta sala la pueden revisar «si el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del convenio o de sus protocolos o una cuestión grave de carácter general».

Recuerda Dignidad y Justicia que la sentencia de hoy no se pronuncia sobre la pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo que aún tienen los condenados, vigente hasta noviembre de 2021, y añade que, de no recurrir el Gobierno, podrán acudir al Supremo y se les podría suspender la inhabilitación.

Si el Gobierno no recurre, afirma la asociación, «quedará demostrada su evidente connivencia con los batasunos de Bildu y con los terroristas de ETA».

La posición del PSOE

Por su parte, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, ha considerado que hay que acatar y estudiar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el conocido como caso Bateragune ante la posibilidad de «establecer algún recurso».

A preguntas de los medios de comunicación en la visita que ha girado al Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) del Puerto de Bilbao, Loza ha destacado que lo que cabe ante una sentencia del TEDH es «acatarla y, evidentemente, cumplirla», y ha señalado que «habrá que estudiarla ante la posibilidad de establecer algún recurso, que cabe».

El delegado del Gobierno ha subrayado la «legitimidad» del tribunal y ha señalado que unas sentencias pueden gustar más que otras, pero el TEDH «es un tribunal absolutamente legítimo y nuestra obligación es acatar la sentencia y evidentemente cumplirla».

Preguntado sobre si la sentencia es un «varapalo» para el Gobierno español, Loza ha señalado que la sentencia «va más con el poder judicial» y ha destacado que en el caso Bateragune ha habido dos pronunciamientos del TEDH «contrarios a los demandantes», y ha citado los casos del magistrado, Francisco Pérez de los Cobos, y el del fiscal Narváez.

Ha señalado que la sentencia «únicamente viene a decir» que «no fue un juicio imparcial» y ha resaltado que no establece «ningún tipo de sanción» y que «no condena al Estado español a ningún tipo de pago o de indemnización por la sentencia».

Además, ha considerado que «no existe una discrepancia absoluta» entre la justicia española y la de la Unión Europea, sino «discrepancias, como en muchos tribunales» y ha recordado que recientemente otra sentencia «dio la razón al Estado español».

Ha considerado que lo importante es «la salvaguarda de garantías de derechos fundamentales» y ha señalado que ha habido sentencia del TEDH favorables al Estado como en el caso de la acumulación de penas y otras contrarias, como las de la doctrina Parot.

Loza ha insistido en la necesidad de «respetar y tomar nota de cara al futuro de cuáles son los considerandos de la sentencia para ir adaptándonos progresivamente a ella».

El delegado del Gobierno ha resaltado que España «no es el estado de la UE que tiene más recursos perdidos» en el TEDH y que hay otros estados «con un marchamo democrático intachable» que tienen «más sentencias contrarias» que las que tiene España.