Díaz plantea a Sánchez quitar ayudas fiscales a los caseros porque «animan a comprar» sólo para alquilar
Sumar quiere un registro de beneficiados por deducciones aunque sean pequeños propietarios
El partido de Yolanda Díaz, Sumar, amenaza con quitar las ayudas fiscales de la que gozan los propietarios de viviendas. En una iniciativa planteada al Gobierno de Pedro Sánchez, del que forman parte, la formación de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo ha argumentado que la deducción para los caseros que tienen puesta su casa en alquiler «anima a la ciudadanía a la compra para fines distintos a la residencia habitual», es decir, a alquilar los inmuebles o usarlos como inversión.
El diputado de Sumar Alberto Ibáñez ha registrado una pregunta para respuesta por escrito del Gobierno en la que insta a dar a conocer el «dinero que dejó de ingresar el Estado en el año 2023 por deducciones para propietarios que ponen en alquiler sus propiedades».
En la justificación de esta medida, el diputado del partido magenta pone en valor que «la fiscalidad», así como las deducciones o ayudas a la hora de pagar impuestos, son «una herramienta para cambiar el comportamiento humano».
De ese modo, el representante de la formación de Yolanda Díaz tilda de «privilegios fiscales en forma de deducciones fiscales» a las ventajas tributarias de los caseros que «pongan» en alquiler «las casas que no necesitan para vivir».
Medida para desincentivar el alquiler
Según la interpretación de Ibáñez, este tipo de ayudas «anima a la ciudadanía a la compra para fines distintos a la residencia habitual». Es decir, que considera que estas deducciones favorecen la adquisición de viviendas para especular con su alquiler.
Por último, el diputado del cuarto partido más votado del país interroga al Ejecutivo, del que forman parte, sobre «cuánto dinero dejó de ingresar el Estado en 2023 por deducciones para propietarios que ponen en alquiler sus propiedades». Además, Ibáñez pretende ir más allá y exige que se desglose la cifra «entre quienes tienen una, dos, más de dos, más de cinco y diez o más».
Las medidas del partido de Yolanda Díaz en vivienda han tenido en la diana a los caseros de forma recurrente. Hace unas semanas, Sumar planteó la posibilidad de forzar a los propietarios de viviendas a registrar todo tipo de alquileres para «hacer efectiva la regulación de precios», independientemente de la duración del arrendamiento. Hasta ahora, sólo es obligatorio hacerlo con los alquileres «de temporada o turísticos» de las plataformas online como Airbnb.
Un registro previo para alquilar
La iniciativa que presentaba Sumar pretendía imponer el registro como requisito «de forma previa» para alquilar «una edificación, habitación o estancia» para «vivienda habitual o de corta duración». La normativa propuesta impone que cada inmueble «deberá estar registrado en la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para la identificación de cada unidad arrendada».
La normativa que quiere poner en marcha la formación de Yolanda Díaz obligaría a que sean los arrendadores los que soliciten un «número de registro para poder comercializar sus viviendas». Sin él, los caseros no podrían ponerlas en el mercado. Aunque este proceso se realiza en el registro de la propiedad, después tienen que transmitirlo electrónicamente en la pasarela digital que creó el Ejecutivo.
Uno de los argumentos que esgrimía Sumar era que pretendía «garantizar el acceso a información relevante» de las viviendas para «hacer efectiva la regulación de precios». También buscaba el refuerzo de «la transparencia y la veracidad en el mercado de arrendamientos». El fin que persiguen, según la formación magenta, es proteger a los inquilinos de «prácticas opacas o engañosas».
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