Díaz exige parkings para que los funcionarios vayan en bici mientras ella y su cúpula usan 9 coches oficiales

Consejos vendo que para mí no tengo. Yolanda Díaz exige al Gobierno -del que forma parte- que instale parkings de bicicletas en todos los edificios públicos, para que los funcionarios puedan ir a trabajar en este medio de transporte «sostenible». Una propuesta que contrasta con los métodos de movilidad de la ministra de Trabajo y sus altos cargos, que usan los nueve coches oficiales que tienen a su disposición para moverse.

«La falta de un espacio habilitado para el correcto aparcamiento de vehículos ecológicamente responsables supone un importante impedimento para su uso. Por ello, uno de los objetivos principales es incluir la obligación de crear espacios de aparcamiento para bicicletas en las edificaciones públicas», reza la propuesta de Sumar. La directiva europea que da base a esta propuesta de Yolanda Díaz exige el establecimiento de estos parkings en espacios residenciales, pero no en edificios públicos. «La problemática radica en la ausencia de regulación de aparcamientos ciclistas en edificaciones públicas ya existentes», apunta.

Por este motivo, desde Sumar exigen al Ejecutivo de Sánchez realizar un estudio con el objetivo de la implementación de aparcamientos para bicicletas en todos los edificios públicos o empleados por servicios públicos existentes. «El no disponer de la adecuada infraestructura para el estacionamiento de bicicletas, supone un importante obstáculo a la hora de fomentar la intermodalidad, pues dificulta que los usuarios puedan combinar distintas formas de transporte eficiente», señalan.

Así, mientras Yolanda Díaz quiere fomentar el uso de la bicicleta con la instalación de estos parkings, ella y los directivos del Ministerio de Trabajo prefieren el transporte en vehículo privado. Según la Memoria Anual del Parque Móvil del Estado, el ministerio encabezado por Díaz dispone de nueve coches oficiales para el traslado de los altos cargos del organismo.

Delirios ecologistas

Yolanda Díaz exige al Gobierno equiparar las penas de cárcel por delitos de destrucción del medio ambiente a crímenes de guerra. Concretamente, Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que propone incorporar al Código Penal español el «ecocidio» -la destrucción grave y generalizada de los ecosistemas- como delito internacional equiparable al genocidio y los crímenes de guerra.

«Reconocer el ecocidio como crimen autónomo en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y apoyar el reconocimiento en todos sus pasos, de acuerdo a la definición de Vanuatu, Fiyi y Samoa en su propuesta a la Corte Penal Internacional», reza la proposición del partido de Yolanda Díaz. Estos tres estados presentaron una propuesta ante este alto tribunal con sede en Nueva York en el que definían el ecocidio como las «acciones ilegales o arbitrarias realizadas con conocimiento de que podrían causar un daño significativo, extenso o duradero al medio ambiente». En caso de ser aceptada, la modificación al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), que constituye el marco jurídico y funcional de esta institución, permitiría procesar a personas, incluyendo altos ejecutivos de corporaciones contaminantes o líderes gubernamentales, por su implicación en la destrucción ambiental.

Así, Yolanda Díaz quiere trasladar esta jurisprudencia a la legislación española. «Presentar un proyecto de ley para incluir el delito de ecocidio en el código penal español según la definición aportada por los estados de Vanuatu, Fiyi y Samoa en su propuesta a la Corte Penal Internacional presentada el pasado 9 de septiembre de 2024. Reforzar los recursos en la Fiscalía de Medio Ambiente, así como otras unidades especializadas del Ministerio Fiscal, para adecuar la práctica de diligencias, intervención o instrucciones en aquellos procesos penales relacionados con los recursos naturales, el medio ambiente, la protección de la flora y fauna e incendios forestales», recoge la propuesta de Sumar.