Rafael Rubio (PSOE) y Alfonso Grau (PP)

Detenidos el subdelegado del Gobierno en Valencia y la mano derecha de Rita Barberá por cobrar comisiones

Rafael Rubio Alfonso Grau

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha detenido esta mañana al subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio; al ex teniente de alcalde que fuera mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau; a la hija de éste; al empresario Jaime María Febrer; al jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, así como a 10 personas más en la segunda fase policial del caso Azud, donde como principal investigado se encuentra el cuñado de Barberá, José María Corbín, y toda su familia, incluida la hermana de la ex alcaldesa de Valencia, Asunción Barberá.

En el marco de esta operación, los agentes de la UCO, la magistrada del caso y el fiscal Anticorrupción investigan una trama de mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras en suelo público y de suelo público para futuras promociones de VPO, impidiendo la libre concurrencia. Esta trama no sólo actuaba en Valencia capital sino en varios municipios más de la provincia entre los años 2005 y 2010.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes cercanas a la investigación, tanto Alfonso Grau como Rafael Rubio habrían cobrado ingentes cantidades de dinero vía mordidas. En el caso de Grau, el dinero que presuntamente habría recibido de forma ilícita rondaría el millón de euros. Rubio, por su parte, habría ‘mordido’ algo menos de la mitad que Alfonso Grau, pero hay que tener en cuenta que durante el período temporal que se investiga, Grau era la mano derecha de Rita Barberá. Rafael Rubio, en cambio, tan sólo era un concejal del PSOE. La UCO también investiga los regalos que ambos pudieron recibir del empresario Febrer.

Febrer, el presunto corruptor

En el centro de la investigación se encuentra el empresario Jaime María Febrer, dueño de la empresa Construcción Valenciana Constitución, considerado por los investigadores como el corruptor. Entre las millonarias operaciones que están bajo la lupa policial se encuentra una actuación urbanística desarrollada en el Grao de Valencia, lugar donde se desarrolló la Copa América, en la que se adquirieron los antiguos terrenos de depósitos de CLH por 300 millones de euros.

Las fuentes explican que el empresario se hizo adjudicatario de parte del suelo municipal para construir allí. En contra de toda legislación, era él mismo quien redactaba el pliego de condiciones de la licitación a su gusto, lo que hacía que, una vez hecha pública la oferta, su propuesta fuera imbatible por el resto de empresarios que se presentaban.

‘Caso Azud’

El conocido como caso Azud saltó a la palestra mediática en abril de 2019 cuando la UCO detuvo a José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa Rita Barberá. Según las investigaciones de la UCO, tanto Corbín como otro abogado habrían creado su propia Gürtel para lucrarse personalmente a través del cobro de mordidas en el consistorio que dirigía su cuñada.

Entre los delitos que se le imputan está el hecho de crear facturas falsas que justificaran las mordidas que supuestamente le pagaron varios empresarios contratistas del Ayuntamiento de Valencia entre los años 2006 y 2015. En la primera fase, donde Corbín fue a prisión durante un mes, también fueron imputadas su mujer, Asunción Barberá, y sus tres hijas: María Asunción, María Rita y María José Corbín Barberá.

Transversalidad

La segunda fase de la operación Azud ha sacado a la luz una verdad universal, y es que la corrupción es transversal. Da lo mismo el color político del corrupto. De hecho, esta trama demuestra que, en un mismo ayuntamiento podían estar ‘mamando’ del corruptor personas de dos partidos diferentes. Y como prueba, un botón, pues los principales detenidos de esta segunda fase son Alfonso Grau del Partido Popular y Rafael Rubio del PSOE.

Las fuentes consultadas explican que para que el primero pudiera manejar a su antojo en el Consistorio, se necesitaba de la autoimpuesta venda en los ojos del segundo. Así, lo que ha quedado demostrado con esta investigación de la UCO es que no había inocentes en los dos principales partidos del Ayuntamiento de Valencia. Lo que había era corruptos que cobraban más o menos dependiendo del mando en plaza que tuvieran.

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