Los ecologistas ya tienen su receta para la Mallorca del futuro: no más alquiler turístico, ni urbanizaciones, ni carreteras

Los ecologistas ya tienen su receta para la Mallorca del futuro, que a algunos gustará más, a unos menos y, para otros, un puro disparate: ni alquiler turístico, ni urbanizaciones en suelo rústico, ni más o mejores carreteras, respondiendo así a las reivindicaciones planteadas en la manifestación contra la masificación turística celebrada el pasado 26 de julio en Palma.

Según ha señalado la vicepresidenta del GOB, Antonina Siquier, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, son, a su juicio, «las dos únicas personas que pueden tomar medidas contra la masificación», en línea con las demandas que, según las entidades convocantes, expresaron las personas que participaron en la protesta.

Entre las principales propuestas, ambas organizaciones han reclamado acabar con el alquiler turístico para recuperar viviendas destinadas al uso residencial a precios asequibles y declarar toda Mallorca como zona de mercado residencial tensionado.

Asimismo, han pedido prohibir nuevas edificaciones residenciales en suelo rústico y decretar una moratoria inmediata a la construcción de nuevas piscinas.

Las entidades han defendido que estas actuaciones constituyen las primeras medidas que el Govern y el Consell pueden adoptar de forma inmediata para empezar a revertir la presión urbanística y turística que soporta Mallorca y responder a las demandas expresadas durante la movilización.

No obstante, hay que tener en cuenta que en las dos pasadas legislaturas gobernando la socialista Francina Armengol, no solo se crearon 115.000 plazas turísticas nuevas, sino que el número de viviendas de alquiler vacacional se incrementó en cerca de 90.000, y se disparó y se expandió como nunca la oferta ilegal, especialmente en el segmento de los pisos turísticos.

Y no solo no hubo una sola manifestación contra esta realidad, sino que ni se hablaba de masificación turística.

Ahora estas dos entidades bajo el gobierno del PP en Mallorca y Baleares han reclamado reforzar la inspección contra el alquiler turístico ilegal, agilizar la tramitación de los expedientes sancionadores y reducir progresivamente la oferta de alquiler vacacional hasta su desaparición.

Además, han planteado que el Consell de Mallorca estudie mecanismos para acelerar la recuperación de viviendas destinadas al mercado residencial.

En materia de ordenación territorial, ambas entidades también han pedido la derogación de la ley de proyectos estratégicos, así como otras normas que, a su juicio, han reducido las garantías ambientales de varios territorios de la isla.

En el ámbito de la movilidad, han reclamado paralizar las nuevas actuaciones previstas en el Plan de Carreteras y apostar por un modelo de transporte público.

Las asociaciones han propuesto limitar el máximo de vehículos que puedan circular por Mallorca, impulsando el tren de Llevant y el de Alcúdia, aumentar la frecuencia ferroviaria, mejorar la red de autobuses, recuperar y ampliar los carriles bus-VAO y sustituir el futuro convenio de carreteras con el Estado por un convenio de movilidad sostenible.

Más zonas verdes

Asimismo, han defendido una estrategia contra el cambio climático que incluya la creación de nuevas zonas verdes, la ampliación de los espacios públicos arbolados y el despliegue de una red de refugios climáticos. También han apostado por instalar paneles fotovoltaicos en espacios ya transformados para preservar el suelo rústico, agrario y forestal, las áreas de alto valor ambiental y los espacios verdes.

Según han explicado, esta batería de medidas forma parte de los diez motivos que justificaron la convocatoria de la protesta, aunque han centrado sus demandas en aquellas que, a su juicio, dependen directamente de decisiones que el Govern y el Consell pueden adoptar de forma inmediata.