España
Gobierno de Madrid

El desbloqueo de Murcia abre la puerta a la investidura de Ayuso el 29 y el 30 de julio

Vox adelantó que primero se desatascaría Murcia. Y parece que Murcia efectivamente avanza por la senda de la plena gobernabilidad y de la investidura esta próxima semana con el apoyo de PP, C’s y Vox. Y tras ella vendrá la Comunidad Madrid. Esta semana será el campo de pruebas de que efectivamente las bases de los acuerdos son aceptadas con naturalidad por todas las formaciones del centro derecha. Y, de ese modo, la investidura definitiva de la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso llegará los próximos días 29 y 30 de julio.

Las cosas avanzan a su ritmo y las fórmulas de entendimiento también. Murcia se ha convertido en una especie de campo de pruebas y, por el momento, todo marcha según lo hablado por PP, C’s y Vox. Y esa es ya la principal condición para que Madrid llegue al descanso veraniego con su Gobierno cerrado y en pleno funcionamiento.

C’s por el momento ha dejado ya claro que no acepta un pleno de investidura sin candidato -similar al que ya se realizó y falló en Madrid-. Que quiere un pacto previo firme de las tres formaciones.

Y es ahí precisamente donde entre la fórmula murciana.

Texto pactado

Los tres partidos cuentan ya en la región de Murcia con un texto pactado que deberá permitir la votación en investidura del popular Fernando López Miras como presidente de esta comunidad.

El documento no dista prácticamente nada de los negociado y aceptado por los tres partidos de centro derecha en Madrid.

Y es que ese documento reclama evitar el adoctrinamiento en las aula, avanzar en la libertad educativa, la defensa de la familia y la rebaja de impuestos.

La fórmula en Madrid puede ser la misma. Ya sea por medio de la lectura en el discurso de investidura de Díaz Ayuso, como en la firma por parte de Vox del texto ya aceptado por PP y C’s. Y es que ese texto ya incluye las principales reclamaciones de Vox.

En el caso de Murcia el documento concreto consta de 24 puntos y diferentes áreas temáticas que se reparten entre libertad, educación, economía, familia, impuestos e inmigración. El texto pide que “toda subvención tenga un eficiente fin de utilidad pública y social” y que estas ayudas públicas «no vayan destinadas a entidades de carácter ideológico”.

Auditoría de las subvenciones

Con este fin se reclama una auditoría de las subvenciones otorgadas en la última legislatura: «Con determinación de su importe, destinatario, fines, y acceso a la memoria de ejecución” del receptor.

En Educación, el texto refuerza las labores de la Inspección “para evitar el adoctrinamiento político en las aulas”. El documento, además, incorpora otros de los puntos que también están encima de la mesa de negociación en la Comunidad de Madrid, como, por ejemplo, que los padres tengan el derecho pleno de que sus hijos reciban “la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones”.

También se ha incorporado la necesidad de que exista “consentimiento expreso” de los padres para que los hijos asistan a enseñanzas, charlas, talleres o actividades relacionadas «con contenidos éticos, sociales, cívicos morales y sexuales”.

El documento se completa con una Ley de Protección integral de la Familia, el fomento de la natalidad, la defensa de la mujer embarazada, la lucha contra cualquier tipo de violencia intrafamiliar. Y el mismo texto, además, guarda un importante apartado para la rebaja fiscal: por medio de nuevas deducciones en el tramo autonómico del IRPF, que se financiarían con el recorte del “gasto superfluo en la Administración”.

Todo ello encaja en la filosofía de las negociaciones en Madrid. Al igual que los plazos marcados. Algo que abriría la investidura de la presidenta del PP con pleno respaldo de los tres partidos para esos días 29 y 30 de julio.