El juez da luz verde para que se destruyan las cintas del ‘Delcygate’ en Barajas

El juez que investigaba el Delcygate, Antonio Serrano-Arnal, ha dado luz verde para que el Juzgado que custodia las cintas de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Barajas sean destruidas. Se trata de la única prueba que confirmaría que el Gobierno permitió la estancia en Barajas de la mano derecha de Nicolás Maduro, quien tiene prohibida por la Unión Europea la entrada y tránsito en la zona Schengen.

En una providencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva, el magistrado ordena que «habiéndose confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid los autos de sobreseimiento provisional» del Delcygate y «estando vigente la medida cautelar de preservación de las grabaciones de AENA acordada por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Madrid en funciones de guardia, respecto de este procedimiento así como de la causa especial seguida ante el Tribunal Supremo, póngase ello en conocimiento de dicho órgano al que se hará saber que por este Juzgado no existe inconveniente para su destrucción».

Fuentes consultadas por este periódico subrayan la gravedad irreparable que supone esta orden, puesto que el archivo de las actuaciones es «provisional» y no definitivo. Esto quiere decir que el procedimiento judicial podría reabrirse en el futuro en el caso de que apareciesen nuevas pruebas relevantes en la investigación.

El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, del que es titular el magistrado Antonio Serrano-Arnal, dictó el sobreseimiento de la causa sin practicar ninguna diligencia de investigación, según fuentes consultadas por este periódico. El Juzgado siguió el criterio de la Fiscalía y argumentó que, según establece el artículo 25 de la Ley de Extranjería, la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional.

El Ministerio Público, cuya máxima responsable es la ex ministra y candidata socialista Dolores Delgado, solicitó a finales de octubre el archivo de la causa al considerar que la mandataria venezolana «no manifestó su intención ni hizo acción alguna» para entrar en España. La Fiscalía salió al rescate del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y lo hizo con el siguiente argumento para no considerar la existencia de prevaricación: «No es suficiente la mera ilegalidad (…) La sanción penal sólo deberá utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible».

El caso de la entrada en España de Delcy Rodríguez puso contra las cuerdas al Gobierno de Sánchez. La UE exigió el bloqueo y la prohibición de su entrada en territorio comunitario por violar derechos fundamentales como protagonista de excepción de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Finalmente, el magistrado optó por sobreseer la causa del Delcygate, una medida corroborada por la Audiencia Provincial de Madrid, que ha acordado hace tan sólo una semana el archivo de las actuaciones. El magistrado que tuvo aparcada esta causa judicial durante un año, según fuentes consultadas, no se ha demorado ahora en dictar una providencia acordando la destrucción de las cintas reveladoras del encuentro.