El Defensor del Pueblo pide un pacto entre Gobierno y las Comunidades para la vuelta al colegio

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, solicita tanto a las autoridades educativas como a las sanitarias que alcancen esta semana un pacto que garantice que la vuelta al cole sea «segura y homogénea» en toda España. Ambas competencias están actualmente transferidas a las comunidades autónomas, lo que ha llevado a que cada territorio imponga un plan diferente que garantice una vuelta a las aulas segura.

Fernández Marugán ha afirmado que, «las niñas y niños de este país necesitan volver a la escuela y las administraciones tienen que hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar que este regreso se realice en condiciones de seguridad para alumnos y docentes».

Asimismo ha insistido en que es necesario que se garantice el Derecho a la Salud y a la Educación de todos los niños, además de dotar de seguridad a los profesores para que puedan desarrollar su «imprescindible» labor pedagógica. El Defensor del Pueblo, ha aseverado que confía «plenamente en que Gobierno y comunidades autónomas llegarán al mejor acuerdo para arrancar de la forma más segura y homogénea un curso que obviamente no va a ser igual que el de años anteriores».

En cuanto a los padres, Fernández Marugán ha solicitado unas pautas claras para que los progenitores sepan cómo actuar en esta «incierta» vuelta al colegio y recuerda que muchas familias no podrán retomar sus trabajos con normalidad si no se garantiza la apertura de los centros escolares.

ACTUACIÓN DE OFICIO
En el mes de junio, la Institución inició actuaciones de oficio con las diferentes consejerías autonómicas y con el Ministerio de Educación y FP para conocer sus planes y protocolos de cara a la vuelta al cole. En concreto, se solicitó toda la información posible sobre las posibles obras de ampliación o reforma de los centros escolares; las propuestas para la distribución de los alumnos en centros y aulas; y las medidas relativas a la dotación de personal docente y no docente para la atención educativa de los mismos.

Por otra parte, Fernández Marugán se interesó por las previsiones para que, en caso de necesidad, se pueda asegurar el acceso a la enseñanza no presencial de todos los alumnos y dotar a los profesores de la formación y los medios necesarios para realizar su labor pedagógica a través de medios tecnológicos.

En estos escritos, el Defensor del Pueblo también les trasladaba las quejas de padres que durante los meses que duró el Estado de Alarma se dirigieron a la Institución para exponer las dificultades que supusieron tanto para las familias como para los propios alumnos de los centros el cierre de los mismos.

En definitiva, Francisco Fernández Marugán considera que, tras estos meses y en la situación actual, es «inexcusable» que las autoridades educativas alcancen acuerdos y coordinen sus actuaciones con las autoridades sanitarias a fin de posibilitar el inicio y desarrollo del curso en el modo más favorable para los alumnos, que son los titulares del derecho a la educación.