El CSIC supera los límites legales en pluses salariales y pierde 800.000 € en multas

La Intervención General del Estado (IGAE) ha destapado que en el CSIC, principal organismo público español de investigación, ha superado sistemáticamente los límites legales en pluses salariales a su personal científico, además de dilapidar más de 800.000 euros en intereses de demora y recargos por retrasos en los pagos.

Según el documento oficial firmado por Pablo Arellano, el interventor general del Estado, que ha desvelado OKDIARIO, se han detectado numerosos casos en los que «se han superado los importes máximos a percibir por el desempeño del puesto de trabajo, de los Doctores y Titulados Superiores contratados temporalmente en régimen de fuera de convenio».

El problema no se limita sólo a ese colectivo, ya que también «se ha superado el importe de productividad autorizada a Evaluaciones Positivas de las Escalas Profesores de Investigación, Investigadores Científicos y Científicos Titulares», además del «importe de las gratificaciones».

Aunque el informe no detalla la cuantía total de estos excesos, la IGAE exige «la devolución de todos los importes indebidamente abonados» y recomienda «la adopción de las medidas de control interno necesarias para evitar incumplimientos sucesivos».

La situación se agrava al constatar que «la masa salarial autorizada para el CSIC es inferior a la necesaria para el número de efectivos en nómina» y no recoge la totalidad de perceptores, lo que sugiere importantes deficiencias en la planificación presupuestaria del organismo.

Derroche del CSIC en multas

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la constatación de que «durante el ejercicio 2022 se han abonado más de ochocientos mil euros en concepto de intereses de demora o como recargo de apremio». Estos pagos innecesarios derivan principalmente de «incumplimientos en el plazo para reintegrar los importes no justificados de las subvenciones y préstamos recibidos».

La IGAE subraya que estos sobrecostes corresponden a «más de mil expedientes de gasto en el periodo analizado», lo que evidencia que «la situación a corregir no es de carácter puntual» sino un problema estructural en la gestión del organismo.

Como ha informado este periódico, el informe destapa también 342 posibles casos de fraccionamiento de gasto para eludir los procedimientos de licitación pública, una práctica prohibida por la Ley de Contratos del Sector Público. Especialmente preocupantes son los «contratos relativos a la adquisición de material de laboratorio», donde la práctica parece más extendida.

Además, se identificaron 15 contratos ilegales celebrados con personas que no podían ser contratistas por ser personal del propio CSIC, incurriendo en una de las causas de nulidad previstas en la ley. Se trata de contratos menores de menos de 15.000 euros que no tienen que salir a concurso público para cualquier empresa.

También resulta alarmante que en 693 casos de pagos realizados en 2022, por un importe de 60.086 euros, «no se identifica de forma inequívoca el tercero, y se utilizan para su tramitación NIF genéricos», lo que representa un riesgo evidente para los fondos públicos.

Jardín Botánico

Uno de los capítulos más escandalosos del informe se centra en la gestión del Real Jardín Botánico de Madrid. Según la IGAE, 144.022 euros recaudados en efectivo durante 2022 por venta de entradas «no fueron ingresados en la cuenta restringida de recaudación» sino entregados a la empresa La Fábrica Gestión Más Cultura SL, «sin negocio jurídico que soporte la realización de los citados abonos».

Detrás de esta empresa está Alberto Fesser como presidente, hermano de Guillermo Fesser, comunicador afín a las posiciones del PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez. Un periodista que ha cargado desde el humor y la sátira contra el Partido Popular, Vox, OKDIARIO, entre otros.

Esta misma empresa ha utilizado el Pabellón Villanueva para realizar «exposiciones propias sin contrato o acuerdo que lo autorice» y «sin contraprestación», además de haberse beneficiado de una facturación muy inferior a la estipulada en los pliegos técnicos. Según los cálculos de la IGAE, el CSIC dejó de facturar casi tres millones de euros a esta empresa por diversos eventos celebrados en el Jardín Botánico.

Plan de acción

Tras el informe, el CSIC asegura que ha constituido un grupo de trabajo sobre la gestión del Real Jardín Botánico. El informe concluye solicitando la revisión completa de los procedimientos internos del CSIC, especialmente los relacionados con la ejecución de gastos y reintegros, así como la mejora del control interno de tesorería y gestión de pagos. También recomienda la creación de una unidad específica para detectar y prevenir estas prácticas irregulares.