España

Los acuerdos PP-PSOE obligan a C’s a revisar las 150 medidas que pactó con Rajoy

Ciudadanos vuelve a flexibilizar sus condiciones para que las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos acaben en éxito. La formación de Rivera está dispuesta a revisar el pacto que suscribió en agosto con el PP para la investidura de Mariano Rajoy si así se logra atraer al PSOE, un partido que por ahora insiste en rechazar las cuentas del Gobierno.

Pese a que en Ciudadanos se celebra que el PSOE haya entrado como «interlocutor» en las negociaciones con el PP, no dejan de revelarse «sorprendidos» porque el primer acuerdo entre ambos haya sido para una subida de impuestos, la que gravará el alcohol, el tabaco y las bebidas azucaradas. Para los de Rivera existen otras vías con las que cuadrar las cuentas, como una reducción de la «burbuja política» y de los gastos superfluos de la administración, o la recuperación del dinero de la amnistía fiscal.

En público, los de centro niegan que esa nueva relación les produzca algún ‘pique’, todo lo contrario. Pero en privado sí existen recelos. De hecho, este mismo jueves, en su intervención ante la Comisión Constitucional en el Congreso, el propio Rivera desveló el malestar con el Gobierno por haberse enterado por la prensa de la subida impositiva pactada entre ambos partidos.

Pero, al mismo tiempo, los de Rivera empiezan a digerir que el PP da prioridad al PSOE en sus negociaciones. En el Gobierno son conscientes de que el simple apoyo de C’s no es suficiente. Por ello, el objetivo ha sido siempre atraerse a los socialistas. El Ejecutivo ha contado con el PSOE para aprobar el objetivo de déficit, valiéndose de la urgencia de los socialistas en la financiación de las comunidades autónomas que gobiernan.

Aunque desde C’s siguen insistiendo en que deberán cumplirse las medidas firmadas, es evidente que unas tienen más prioridad que otras. Es el caso, por ejemplo, de las políticas activas de empleo y contra la precariedad laboral, que incluyen algunas de las propuestas estrella de Ciudadanos, como el complemento salarial. Una medida, admiten fuentes de este partido, que por ahora el Ejecutivo de Rajoy no ha empezado a valorar.

No es secreto, y así se lo trasladó el propio José Manuel Villegas             -vicesecretario general de Rivera- a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría que la negociación con el Gobierno avanza a trompicones. En C’s lo achacan principalmente a la escasa o nula sintonía entre los ministros Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, quienes, aseguran, les trasladan incluso cifras contradictorias.

Prorrateo de los 5.000 millones

Desde el partido de centro se asume también que la cifra de 5.000 millones de euros, en la que se calculó el gasto necesario para destinar a políticas sociales, tendrá que ser prorrateada ya que, en el mejor de los casos, las cuentas no serían aprobadas hasta marzo o abril. «Serán unos Presupuestos para siete meses», alegan, para justificar que ese dato inicial sufra variaciones.

En Ciudadanos están comprobando en las últimas semanas cómo se encara la negociación con el Gobierno y también, que ésta les obligará a ser más tibios en sus exigencias iniciales. Ocurrió, por ejemplo, con el techo de gasto. Desde el partido de centro se supeditó el apoyo a que éste aumentase e incluso se llegó a anunciar el compromiso del Gobierno en este punto para luego admitir que no había acuerdo cerrado. Después, se digirió que la cifra sería la que marcase el Ejecutivo, y que respaldarán a cambio de no tocar las medidas sociales.

La ‘decepción’ llegó también con la exigencia a Montoro para recuperar el dinero de la amnistía fiscal, una de las piedras angulares para C’s. Tras el compromiso de agosto, la formación vio finalmente cómo el ministerio esquivaba su ultimátum -fijado en el 30 de noviembre, día en el que se cumplían cuatro años de aquel procedimiento- alegando que no existe una prescripción para las revisiones. Pese a los intentos de presión de Ciudadanos, la Agencia Tributaria se ha limitado hasta el momento a enviar una carta a los defraudadores en los que se les informa de revisiones, aunque esa misiva carece de efectos jurídicos y no es como tal ninguna orden de inspección.

El partido ha relajado en los últimos días sus medidas de presión, que por ahora consistirán únicamente en pedir un informe a los técnicos de Hacienda en el que se explique por qué las inspecciones no caducan.