Contratos Covid: la Fiscalía ni interrogó a los 3 imputados del Gobierno por el desfalco de 315 millones

La Fiscalía Provincial de Madrid ni siquiera estuvo presente en el interrogatorio de los tres ex altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez imputados por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos covid mientras Salvador Illa estaba al cargo del Ministerio de Sanidad. Se trata del ex director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso Jiménez, la ex directora de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado, y la ex directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz. Todos ellos investigados por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude.

El Ministerio Público, que cuando se abrieron las diligencias a mediados de 2020 dependía de la ex ministra socialista Dolores Delgado, se ha pronunciado durante estos dos últimos años y medios sólo en dos ocasiones. Y ambas han sido para pedir el archivo de la causa sin que se practiquen las oportunas diligencias para dilucidar las presuntas irregularidades.

En el último escrito, el fiscal explicó que de los 13 contratos investigados «sólo se conoce de las empresas adjudicatarias una denominación social, no tienen establecimiento en nuestro país, haciendo imposible la más mínima fiscalización de los mismos y por ende el análisis impositivo del contrato». Y añadió: «Algunas carecen de objeto social conocido y otras el objeto social del mismo nada tiene de relación con el objetivo del contrato adjudicado. Además, en muchas de ellas no tienen experiencia previa ni contratación con la administración pública ni del objeto del contrato, tampoco cuentan con infraestructura necesaria para poder atender unos contratos de las características de los analizados».

«Dejadez de la Fiscalía»

Sin embargo, pese a todo lo expuesto, el fiscal solicitó el archivo de la causa porque considera que los indicios aportados por el momento sobre las posibles irregularidades en la contratación administrativa «se sustentan en meras conjeturas, relativas a las dudas que genera el procedimiento utilizado y las entidades adjudicatarias, pero el querellante no ha concretado en qué tipos de incumplimientos incurrió la administración».

Y es que, según explican a este periódico fuentes judiciales, «el querellante –el partido político Vox– aportó una serie de indicios, y debían haber sido la Fiscalía y la instructora quienes se tendrían que haber interesado por investigar los hechos presuntamente delictivos a través de las unidades especializadas». Pero, a diferencia de ello, ni el Ministerio Público ha solicitado ni la juez ha ordenado a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil un informe en el que se analicen las operaciones sospechosas en estos dos últimos años y medios.

Tanto es así que el fiscal ni siquiera se ha presentado al interrogatorio de los imputados el pasado 7 de abril de 2022, por lo que no pudo formular ni una sola pregunta. Las mismas fuentes aseguran que el comportamiento de la Fiscalía es síntoma de una «dejadez» a la hora de perseguir delitos «muy reprochable en la profesión».