El conseller de Políticas Digitales de Torra compara a España con la dictadura iraní

Pedro Sánchez ha logrado sacar adelante el decreto para frenar la que el propio presidente del Gobierno calificó como «república digital» catalana. Por eso, en la Generalitat cargan contra el Ejecutivo y los partidos que han votado a favor. El conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, compara a España con la dictadura iraní o con la falta de libertades que existe en China o en Turquía.

Puigneró ha criticado de la misma forma la abstención de Podemos y ha añadido que no es propio de un ejecutivo progresista como el que quieren articular el Sánchez e Iglesias.

Interpelado por JxCat en el pleno del Parlament, ha dicho que la abstención de Podemos sitúa al partido en una postura más interesada «por las sillas que por los derechos», y ha sostenido que ésta es una intervención digital en toda regla, pensada para Cataluña pero que afectará a los derechos y la calidad democrática de todos los españoles.

Ha dicho que se trata de un 155 por la puerta de atrás y ha avanzado que emprenderán una «ofensiva a todos los niveles»: judicial, para lo que ya han pedido un informe para iniciar un trámite de inconstitucionalidad; política, aprobando una carta de derechos y deberes digitales, e internacional, con el objetivo de derogar el decreto y de hacerlo lo más pronto posible.

Se trata del decreto ley que Moncloa aprobó en funciones y que tiene como objetivo el control de las páginas webs y redes sociales de todas las administraciones, incluidas las territoriales, para garantizar el buen uso de ellas, con la denominada ‘república digital’ catalana como principal objetivo. ERC, con quien mañana se sentará el PSOE para negociar la investidura, lamenta que el decreto «debilita nuestra democracia». Según la diputada Montse Bassa, «afecta de forma flagrante la libertad de expresión».

Ni el principal socio de lo socialistas, Unidas Podemos, ha apoyado la propuesta del Ejecutivo con el que pretende gobernar en coalición. Pese a tener firmado ya el acuerdo de Gobierno que tendrá que implementar este control de las comunicaciones digitales de las administraciones, los de Pablo Iglesias han decidido abstenerse para garantizar «mayores garantías judiciales y que se protejan libertades y derechos fundamentales».