El Consejo de Estado alerta de que el Gobierno eliminó «controles» en el reparto de los fondos europeos

El Consejo de Estado censuró al Gobierno de coalición por «la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones» en el decreto para el reparto de los fondos europeos para la reconstrucción de la economía tras la pandemia. Este dictamen fue ocultado por el Gobierno al Congreso de los Diputados durante el debate para convalidar las normas que regirán en la gestión de los 140.000 millones de euros que llegarán a España procedentes de Bruselas. El líder del PP, Pablo Casado, acusó a Moncloa de haber sustraído el informe al conocimiento de los diputados por su contenido altamente crítico con las disposiciones del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

Y Casado tenía razón. Aprobado por la Comisión Permanente el pasado 21 de diciembre, pero difundido hoy por el propio Consejo de Estado tras la petición de un particular al Portal de Transparencia, el dictamen incluye a lo largo de 97 páginas un catálogo de observaciones «esenciales» encaminadas a garantizar «un elevado nivel de seguridad jurídica y económica» en el reparto del maná presupuestario procedente de la Unión Europea, dado que, advierte, Bruselas desempeñará un «papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos».

El Consejo de Estado expresa su preocupación «ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones». Todo ello sin justificación previa puesto que, como aseguran los autores del dictamen, si algo caracterizó al expediente del decreto presentado por el Gobierno fue la ausencia de «toda exposición motivada y suficiente de las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso supresión, de los mecanismos de control».

«Severa crítica»

La observación más relevante del dictamen del organismo que preside la socialista María Teresa Fernández de la Vega se refiere a «la supresión de la práctica totalidad de los instrumentos de control previstos con carácter general para la suscripción de convenios y sus eventuales modificaciones».

Así, critica la supresión de la autorización de la ministra de Hacienda (una práctica que «no parece aceptable»), el hecho de que incumple la exigencia de evaluar el impacto presupuestario, la supresión de informes preceptivos y de los controles económico-presupuestarios que suprimen las autorizaciones para celebrar los convenios.

Además, el Consejo de Estado recomienda «reforzar los mecanismos de supervisión de los proyectos de obras y de responsabilidad de los proyectistas y supervisores», así como «la necesidad de contar con plazos suficientemente amplios para realizar las evaluaciones ambientales con todas las garantías».

El Consejo de Estado expone una «severa crítica» al Gobierno por no haber incluido en el expediente informes de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa que le habría permitido evaluar mejor sus medidas.

La denuncia de Casado

«¿Por qué quiere los fondos sin control? ¿Qué quiere ocultar? ¿Qué voluntades quiere comprar?», preguntó Casado a Sánchez durante el debate de convalidación del decreto el pasado 3 de febrero en el Congreso. El Gobierno logró que la Cámara Baja convalidara el decreto gracias a la abstención de Vox.

Un mes después del debate parlamentario, el Consejo de Estado ha difundido este lunes el informe con la advertencia de que se deben implementar «todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos procedentes de los fondos europeos y, en particular, del Instrumento Europeo de Recuperación».

Y el líder del PP, una vez que ha visto confirmadas sus sospechas, ha exigido la comparecencia del Gobierno «para explicar la ocultación hasta hoy del demoledor informe», según ha escrito en su cuenta personal de Twitter.

Fuentes de Moncloa han reaccionado a la publicación del dictamen asegurando que las sugerencias del Consejo de Estado fueron incorporadas al decreto antes de su aprobación definitiva.

La UE pondrá a disposición de España 140.000 millones de euros hasta 2026 para ayudar a la recuperación económica tras la pandemia, de los que 72.000 serán en subvenciones directas a fondo perdido.