La condena del ‘caso Koldo’ abre la puerta a investigar otros 100 millones en contratos Covid denunciados por el PP

La sentencia del Tribunal Supremo que este lunes ha condenado al ex ministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión no cierra el escándalo de corrupción más grave de la democracia española reciente, sino que lo amplifica. La condena culmina parcialmente un proceso que comenzó con una denuncia del Partido Popular ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022 por contratos de emergencia Covid que superaban los 100 millones de euros, algunos de los cuales permanecen sin investigar.

La Fiscalía Anticorrupción, de hecho, ya ha pedido seis meses más de investigación en la pieza de la Audiencia Nacional, donde 14 personas permanecen imputadas, advirtiendo de que son previsibles «nuevas imputaciones».

La historia tiene su origen en un escrito presentado el 10 de marzo de 2022 por Alfonso Serrano, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, ante la Fiscalía Anticorrupción.

En ese documento se denunciaba la adjudicación directa de contratos de emergencia a empresas sin solvencia acreditada ni relación con el objeto del contrato, al amparo del Real Decreto que declaró el estado de alarma.

Contratos Covid

La denuncia detallaba contratos adjudicados a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL por parte de Puertos del Estado y ADIF por más de 36 millones de euros.

La empresa, con sede en Zaragoza y dedicada hasta ese momento al asesoramiento en países africanos, había declarado ingresos de cero euros en 2019. Un año después facturó 53 millones gracias a las adjudicaciones públicas directas.

Pero la denuncia del PP también apuntaba a otro caso de magnitud muy superior: los 263 millones de euros que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, pagó por adelantado y sin concurrencia a la empresa FCS Select Products SL, con sede en Barcelona.

La compañía, que ofrecía servicios de fabricación de productos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas, facturaba menos de un millón de euros en 2018 y declaraba no tener trabajadores.

En un solo día, el 23 de marzo de 2020, recibió cuatro contratos simultáneos. El PP advirtió en su denuncia: «No parece que su actividad social aconseje la adjudicación de 4 contratos de manera simultánea por un importe tan elevado, sin referencias previas ni experiencia en el sector».

Entre los elementos más inquietantes figuraba que la administradora de FCS había sido condenada en 2016 por estafa agravada por su participación en una trama delictiva de vaciamiento de cuentas.

Y que existía, según la denuncia popular, una relación de amistad de los responsables de la mercantil con Illa, «cimentada por la coincidencia en el entorno del municipio de La Roca del Vallés, localidad natal del ex ministro y de la que fue alcalde.»

Lo que la denuncia intuyó entonces, el Supremo lo ha corroborado ahora con detalle meticuloso respecto a los contratos del Ministerio de Transportes. El alto tribunal ha acreditado que Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama constituyeron una organización criminal que utilizó el ministerio como centro de operaciones. El propio secretario general de Puertos del Estado declaró en juicio que Aldama «era parte del Ministerio».

El caso FCS, paralizado

Sin embargo, el grueso de la denuncia sobre los contratos de Sanidad permanece en un limbo jurídico de pronóstico incierto. Anticorrupción se vio obligada a enviar el expediente a la Fiscalía Europea el 11 de julio de 2022 al detectar financiación comunitaria en los contratos.

Casi cuatro años después, el asunto permanece guardado en un cajón, según reveló OKDIARIO, generando malestar entre fiscales españoles que consideraban que, si la Fiscalía Europea no tenía intención de impulsar las pesquisas, debería al menos permitirles investigar los extremos fuera de su competencia.

La pieza de la Audiencia Nacional

En paralelo, el fiscal Luis Pastor ha pedido al juez Ismael Moreno una prórroga de seis meses alegando «la complejidad de la causa». En su escrito califica como «no descartable» la aparición de «nuevas imputaciones» y señala que está pendiente de recibir nuevos informes de la UCO sobre «contratos de adjudicación de obra pública.»

Los 14 imputados incluyen a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE; la ex presidenta de ADIF; el ex director general de Carreteras; y varios empresarios de la construcción.

Esta ramificación tomó cuerpo en noviembre de 2024, cuando Aldama apuntó a la existencia de un presunto «cupo vasco» para adjudicación de obras gestionado por Cerdán. Los audios que la UCO incautó en la casa de Koldo apuntalaron esas sospechas.

Lo que empezó como una denuncia por mascarillas sin justificante se ha convertido en el mayor escándalo de corrupción pública en décadas. Y la propia sentencia de hoy advierte de que «otras actuaciones son objeto de instrucción judicial en otros órganos de la jurisdicción penal». El caso Koldo, en definitiva, no ha terminado.