La Complutense apela a una ley de Sánchez para investigar si Begoña Gómez cometió «apropiación indebida»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 20/07/2024 21:00
  • Actualizado: 20/07/2024 21:00

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) se remite a una ley aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez para sostener su petición al juez de que investigue a Begoña Gómez por un posible delito de «apropiación indebida». La investigación a la mujer del presidente -imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios- trata de determinar, entre otros, si cometió algún delito al registrar a su nombre una marca que ofrece una plataforma muy similar a la que es propiedad de la Complutense.

En el escrito remitido al juez Juan Carlos Peinado, la Complutense se ampara en la Ley del Sistema Universitario, aprobada por Sánchez. La UCM destaca que dicha norma le «obliga a defender su patrimonio afecto» añadiendo que «los bienes son de dominio público».

En concreto, en su artículo 58, la ley define el concepto de «patrimonio» universitario, determinando que «formarán parte del patrimonio de la universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la universidad de las funciones que le son propias, así como los derivados de la ejecución de convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general (…)».

La UCM destaca precisamente este punto para acabar solicitando al juez, Juan Carlos Peinado, que investigue si Gómez ha podido incurrir en un delito de «apropiación indebida».

En el informe entregado al juez el pasado 1 de julio, la universidad informa al magistrado de los resultados de la investigación interna, destacando la «falta de cooperación» de Gómez. Ello, junto a la «complejidad del tema» hace que la Complutense «no pueda alcanzar, por sus propios medios, una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes», se señala en el escrito. Por ello, pone la información a disposición del juez para «hacerle partícipe del contenido de las actuaciones practicadas».

Dichas actuaciones, en concreto, «se han encaminado a procurar determinar si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta Universidad (plataforma o software); y más en concreto, el producto objeto de licitación de los contratos y gastos celebrados en el marco de la mencionada Cátedra», explica la Complutense.

Ley de Sánchez

La Ley Universitaria fue aprobada definitivamente por el Congreso en marzo del año pasado. El Gobierno celebró que, gracias a ella, las universidades «son y seguirán siendo pilares fundamentales para preservar el pluralismo ideológico, para el desarrollo de la investigación y su transferencia a la sociedad». La norma generó una profunda controversia al considerar la oposición que suponía la «ideologización» de las universidades. En concreto, se reconoce como una de las «funciones fundamentales» del claustro la de «analizar y debatir temáticas de especial trascendencia», un punto incluido para atender las exigencias de ERC. «Es una ley que ofrece a las universidades las herramientas para que puedan adaptarse a este cambio de época», celebró el entonces ministro Joan Subirats.

La Complutense, en el dossier entregado al juez, se ampara en esta ley del Gobierno de Sánchez, además de en sus propios estatutos, que determinan que «el patrimonio de la UCM está constituido por el conjunto de todos sus bienes, derechos y obligaciones». «Forman parte del patrimonio de la universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por su personal de las funciones que le son propias».

«Falta de colaboración»

En el escrito, la Complutense destaca especialmente la «falta de colaboración» de «determinados intervinientes» -entre los que, indirectamente, se refiere a Gómez- para alcanzar una conclusión definitiva sobre la «apropiación» del software. Esta plataforma fue pagada por dinero de la universidad, pero la mujer del presidente socialista la registró a su nombre.

«Las actividades de investigación realizadas no permiten a esta Universidad Complutense alcanzar una conclusión definitiva respecto a al existencia o perjuicio sobre su patrimonio: en particular por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta Administración esté dotada de potestades que obliguen a la colaboración», lamenta la UCM.

En el escrito se informa al juez de que, el pasado 11 de junio, remitieron a Begoña Gómez una solicitud de información, a lo que la mujer de Sánchez se limitó a responder:

«Buenas tardes. Le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información/documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones.

Un cordial saludo

Begoña Gómez»

«A día de la presentación del presente escrito, no se ha recibido el contenido esperado en virtud del requerimiento efectuado», añade la Complutense.

Además, se informa de tres facturas que estarían relacionadas con el desarrollo del software: una de la empresa Making Science Group S.A. por la prestación del «servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva» por importe de 24.200 euros; un contrato menor para el «servicio de consultoría y asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva’, por 18.148,79 euros. Y otro para la «asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa», por 60.500 euros.

La Complutense, además, solicita al juez Peinado que en caso de que advierta indicios de irregularidades le permita personarse en la causa como perjudicada por, indica, «si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta universidad». La UCM ya reclamó al instructor presentarse como acusación, pero la petición fue denegada.

En las últimas horas se han producido varias novedades importantes en torno al caso Begoña Gómez. La mujer del presidente socialista se negó este viernes a declarar ante el juez. Además, el magistrado ha cambiado la condición de su socio, Carlos Barrabés, de testigo a imputado y le ha citado a declarar el próximo 29 de julio. El juez ha tomado la decisión tras revelar Barrabés dos encuentros con el presidente del Gobierno en La Moncloa.