La ‘Comisión de la Verdad’ de Sánchez sobre el franquismo tendrá expertos en violencia de género

La Comisión de la Verdad contemplada en la reforma de la Memoria Histórica planteada por Pedro Sánchez, estará conformada por un órgano colegiado de 11 miembros -profesionales de diferentes disciplinas «con una amplia trayectoria personal y reconocido prestigio»- que integrará expertos en violencia de género.

Para la creación de dicha Comisión se ha previsto un enfoque diferencial y con perspectiva «de género» que también será tenido en cuenta en el diseño de su operativa y en las pautas de su funcionamiento ordinario.

Todo ello orientado a la confección de un informe «incluyente y global» de carácter vinculante que será confeccionado utilizando una metodología analítica de la documentación, los testimonios, los archivos, la búsqueda de restos, las exhumaciones … que tendrá en consideración las construcciones culturales y sociales con el trasfondo de la desigualdad de género en los hechos históricos revisados.

Tal y como recoge en su artículo 2 la propuesta reformista de Sánchez, la ‘Comisión de la Verdad’ reconocerá como víctima a «todos aquellos y aquellas, con independencia de su nacionalidad que (…) hayan sufrido daños durante el periodo que abarca la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, así como el periodo que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978».

La modificación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de José Luis Rodríguez Zapatero, prevista por el actual Ejecutivo establece la conformación de este órgano revisionista de ámbito nacional, duración temporal y carácter no judicial en el que «los comisionados habrán de cumplir con la cuota paritaria, siendo necesariamente seis comisionados de un sexo y cinco del otro».

Sus miembros

Los nombramientos y designaciones de quienes hayan de ocupar un puesto en la Comisión de la Verdad corresponderán al Congreso de los Diputados «en la forma que determine su reglamento, a propuesta de ambas cámaras (tres comisionados), el Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Consejo General de la Abogacía (dos comisionados), el Consejo de Universidades (un comisionado) y asociaciones de víctimas (tres comisionados)».

Además, se reservan dos plazas adicionales para expertos internacionales propuestos por el Grupo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Presidencia de la Comisión será elegida por consenso de entre los propios comisionados, dentro del marco de su autonomía de funcionamiento y organización.

Juristas, historiadores, psicólogos, investigadores universitarios, expertos en violencia de género y miembros de los grupos y asociaciones memorialistas, entre otros, tendrán acceso a la totalidad de la información disponible, incluidos aquellos papeles clasificados o considerados secretos hasta la fecha.