En el Colegio de Abogados de Barcelona acusan de prevaricar a la juez que encarceló a ‘los Jordis’

Colegio Abogados Barcelona
Colegio de la Abogacía de Barcelona.

La Comisión de Defensa del Colegio de la Abogacía de Barcelona ha condenado la «instrumentalización del sistema judicial» para resolver los conflictos políticos, y en ese sentido ha acusado de prevaricar a la juez Carmen Lamela, por haber enviado a prisión a Jordi Cuixart (Òmnium) y a Jordi Sànchez (ANC). Según esta comisión, integrada por letrados de corte independentista, el auto de la magistrada de la Audiencia Nacional «no se ajusta a derecho».

La Comisión afirma que lo que ellos asumen como «instrumentalizar la Justicia» supone una «clara erosión de la legitimidad de las instituciones y de la calidad democrática en general».

Estos letrados de Barcelona que dicen estar comprometidos con los derechos individuales, han emitido este martes un comunicado en el que mantienen que el auto por el que la Audiencia Nacional envió a prisión a los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart «no se ajusta a derecho y vulnera derechos fundamentales».

Carmen Lamela
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Para los abogados de la Comisión, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha construido «un nuevo tipo diferente de los legales», al investigar la querella de la Fiscalía por sedición pese a que en los hechos que se indagan, dicen, no hubo violencia.

Olvidan el acoso durante toda la madrugada a los guardias civiles en la Consejería, los destrozos a sus vehículos, el robo de material —incluso de armas— y que la secretaria judicial tuvo que escapar por la azotea.

También cuestionan los letrados que la Audiencia Nacional sea competente para investigar el delito de sedición, lo que creen que entra en «contradicción abierta» con la doctrina del Tribunal Supremo (TS).

Los abogados consideran que Lamela también ha vulnerado la propia doctrina del pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que, aseguran, en diciembre de 2008 entendió que el delito de rebelión no es competencia de este tribunal.

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