Citan a declarar al presidente del PP de Valencia como imputado

Fuentes del grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia, que esta siendo registrado este martes por la Guardia Civil, han explicado a OKDIARIO que han sido citados mañana a declarar en calidad de «investigados» (el término que sustituye ahora a la palabra “imputado”) el presidente del PP en la ciudad y portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Alfonso Novo, la secretaria de Mari Carmen García Fuster, María José Pí, y el asesor Luis Salom.

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia está «totalmente tomado» por la Guardia Civil, aseguran desde el partido autonómico.

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el ‘caso Imelsa’, ha coordinado este martes una operación contra una supuesta trama de corrupción infiltrada en varias Administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad y de su potestad en materia de contratación para cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la operación se ha saldado hasta ahora con al menos 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

Entre los detenidos está el expresidente de la Diputación y del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, y la ex concejala del PP en el Ayuntamiento de la capital, María José Alcón. También el ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, y Mari Carmen García Fuster, asesora y responsable de las cuentas del grupo municipal del PP y persona de confianza de Rita Barberá.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent, quien está imputado en la causa pero no se halla entre los arrestados de este martes.

En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.