El CGPJ critica la Ley de Eficiencia Digital de Sánchez porque quita poder a los jueces

Nuevo varapalo para la política legislativa de Pedro Sánchez. La propuesta de informe al anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia que estudiará el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el próximo jueves contiene duras críticas a este texto que, según los vocales Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo, «confunde las esferas de actuación de los Poderes del Estado».

El anteproyecto de ley «no determina con precisión quién es el destinatario de las medidas que contiene y, como consecuencia, confunde las esferas de actuación de los Poderes del Estado concernidos», indica el informe, que añade que, de un lado, figuran el poder Ejecutivo y la Administración y, de otro, el Judicial, «cuyo ámbito de actuación aparece diluido y disminuido en relación con el que se quiere dotar al primero».

En la misma línea, los vocales ponentes de este informe critican que el texto normativo del Gobierno confunde planos de actuación normativa, administrativa y procesal, lo que «resta claridad a la ley, en perjuicio de su correcta aplicación por los operadores jurídicos y en perjuicio también de la seguridad jurídica». Este aspecto, además, «entra en pugna con el principio de legalidad procesal».

Ignora las funciones del CGPJ

La propuesta de informe al anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital pone de manifiesto, además, que las potestades y funciones del CGPJ -al que corresponde garantizar la independencia de los jueces y magistrados- aparecen «difuminadas», «eludidas» o «preteridas». En otras ocasiones, la norma invade ámbitos reservados a la potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial,  como ocurre con «previsiones que inciden en el funcionamiento de los órganos de gobierno de juzgados y tribunales o que concretan el contenido y limitan el alcance y objeto de las instrucciones dictadas por el CGPJ, en el ejercicio de sus funciones, a los órganos judiciales».

Pero no sólo eso. Aunque el Consejo General del Poder Judicial comparte la  finalidad que persigue el anteproyecto  -que traspone al ordenamiento jurídico español la directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el uso de herramientas procesales digitales en el ámbito del derecho de sociedades-, también se cuestiona la eficiencia, eficacia y efectividad de las medidas y el modelo tecnológico propuesto.

«La insuficiencia tecnológica de la Administración de Justicia no debería superarse a fuerza de violentar asentados principios procesales como la oralidad, la inmediación o la publicidad. El ejercicio de la función jurisdiccional no puede convertirse en una mera actividad tecnológica alejada de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos», advierten los vocales en su informe.

De chapuza en chapuza

Las críticas al anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia se suman al informe desfavorable que el Consejo General del Poder Judicial aprobó el pasado mes de enero respecto a la Ley de Vivienda.

Los jueces advertían que el Gobierno de Sánchez pretendía con esta norma alterar «el entendimiento de la propiedad privada de la vivienda» y acusaban al Ejecutivo socialista de «la parcial derogación del artículo 348 del Código Civil», que establece que la propiedad es «el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes».

Entonces, incluso el 25% de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE mostraron su rechazo a la ley y apoyaron el informe presentado en el órgano de poder de los jueces. Ahora será el próximo 24 de enero cuando el Pleno tendrá que posicionarse sobre la Ley de Eficiencia Digital.