El CGPJ acusa a Sánchez de invadir competencias autonómicas con su chavista Ley de Vivienda

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha redactado un nuevo informe sobre al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda en el que acusa a Pedro Sánchez de invadir competencias autonómicas con su ley chavista.

En el documento, los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero subrayan que regular esta materia «corresponde a cada una de las comunidades autónomas que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas y, sin perjuicio, de las competencias del Estado que incidan en dicha materia».

El documento, de 59 páginas, llega después de que el órgano de gobierno de los jueces rechazara un primer borrador que avalaba la ley pactada por el Ejecutivo socialcomunista. El pasado 14 de enero, los vocales del CGPJ se reunieron en una sesión extraordinaria para rechazar el informe del ex diputado socialista Álvaro Cuesta y cambiar al ponente. El nuevo informe se analizará en el pleno ordinario del 27 de enero.

Los vocales Lucas y Ballesteros defienden que «la vivienda es una materia de titularidad autonómica, en virtud del artículo 18.1.3º de la Constitución española y los estatutos de autonomía. El núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución corresponde a cada una de las comunidades autónomas que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas y, sin perjuicio, de las competencias del Estado que incidan en dicha materia».

Añaden que el anteproyecto del Gobierno supone «un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias». Por tanto, esto limita que las comunidades puedan «desarrollar una política propia en dicha materia incluyendo el fomento y promoción de la construcción de viviendas, que es, en buena medida, el tipo de actuaciones públicas mediante las que se concreta aquella política».

Informe no vinculante

El informe no es vinculante, pero el Poder Judicial responde a las críticas del Gobierno. Los ponentes subrayan que «el alcance de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe, en este caso, el Gobierno de la Nación, aspecto sobre el que carece de toda capacidad de disposición, sino de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación es la que se ha expuesto y que ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos Gobiernos y hasta el momento presente», advierten los ponentes.