Celaá sí defiende la concertada cuando se lo pide el PNV

El Gobierno socialcomunista siempre se ha mostrado a favor de potenciar todavía más la educación pública a costa de la educación concertada. Hasta que sus socios les ponen en el brete de tener que elegir. Es lo que ha pasado este miércoles con la ministra de Educación, Isabel Celaá, asegurándole al PNV que cuenta «incondicionalmente» con los centros concertados en la modernización de la Formación Profesional.

«Los centros públicos y los centros privados concertados forman parte del sistema y, evidentemente, son agentes decisivos en la tarea de transformación del sistema educativo y profesional», ha manifestado la titular de la cartera de Educación en respuesta a la diputada del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Josune Gorospe, durante la sesión de control al Ejecutivo celebrada en la Cámara Baja.

En su intervención, la parlamentaria vasca ha explicado que, al analizar el reparto de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para el Plan de Modernización, se ha encontrado «con la sorpresa de que para todas las actuaciones, para convertir aulas en centros tecnológicos, para hacer aulas de emprendimiento, para Formación Digital y Verde, para todas las líneas de actuación se tienen en cuenta los centros, el alumnado matriculado y los profesores de centros públicos y brillan por su ausencia los centros concertados».

«A nosotros esto nos parece un desatino», ha declarado Gorospe, que ha añadido que el PNV pensaba que estos criterios no eran de aplicación en el País Vasco y que la comunidad accedería a dichos fondos vía cupo. Así, ha argumentado que el 50% del alumnado la Formación Profesional en el País Vasco está en los centros concertados y que éstos tienen «apego al territorio» y un «enorme arraigo».

Asimismo, la diputada del PNV ha agregado que estos centros mantienen «unas alianzas y un compromiso con el territorio donde están, alianzas con el tejido productivo, con todo el sistema educativo, con todo el sistema administrativo, que ha dado unos resultados en cuanto a formación para un empleo cualificado y de calidad que se tiene que seguir manteniendo».

«Por eso, consideramos que esto de alguna forma tiene que compensarse si es posible en este ejercicio y si no, en el futuro, corregirse y en la Ley de FP darles el espacio que les toca. Si es así, el Grupo Vasco será su aliado. Si no es así, defenderemos los intereses de todo el sistema de Formación Profesional vasco, que está compuesto por centros públicos y por centros concertados, con un enorme éxito que se tiene que seguir manteniendo», ha advertido.

En su réplica, la ministra ha contestado que tiene «buenas razones» para defender el sistema educativo vasco y, concretamente, el sistema de Formación Profesional vasco que mantiene «como referente, junto a otros, evidentemente». Isabel Celaá, profesora de profesión, ejerció de consejera de Educación, Universidades e Investigación en el Gobierno del PSE-EE, presidido por Patio López, desde el año 2009 al 2012.

Además, la titular de Educación ha aclarado a la diputada que «la mirada» del Plan de Modernización del Sistema de Formación Profesional «supera también todo lo que es el sistema educativo», ya que «hace referencia al ámbito educativo, por supuesto, y también al ámbito de lo que es la población activa».

En este punto, Isabel Celaá ha afirmado que ese plan «colosal» ya está en marcha y «se dirige a acreditar la experiencia laboral de tres millones de conciudadanos hasta el año 2024, así como también a incrementar las plazas de los centros educativos en 200.000 nuevas plazas, como a comprometerse con objetivos cuantificables en términos de proyectos de innovación, de oferta modular con incorporación de lenguas extranjeras, en calcificación y reclasificación de casi un millón de conciudadanos en ofertas modulares de digitalización».

«Para toda esa labor, necesitamos a los centros públicos y a los centros concertados y vamos a contar con ellos, además de aquellos centros autorizados para la Formación Profesional y las empresas. Esta es una operación colosal, como le digo, de colaboración público privada», ha concluido.

Golpe a la concertada

La Ley Celaá supone un duro golpe para la educación concertada, lo que ha provocado las críticas de las asociaciones y de la oposición. Así, se determina que «en ningún caso» podrán los centros públicos o concertados «percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito» o imponer «la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica» por parte de las familias de los alumnos.