Cataluña es la comunidad donde se cometen más delitos: el 20% de todos los registrados en España

El portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior no engaña.  Recoge datos objetivos proporcionados por Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales. Estos datos colocan a Cataluña como la comunidad autónoma donde más delitos penales se cometen en toda España. En total, con los datos de 2021, son 390.356 delitos, un 20% de los 1.957.719 cometidos en toda España. Frente a Cataluña se encuentra La Rioja, con 9.115 delitos y Ceuta con 3.916 delitos.

A la cabeza de delitos en Cataluña están los hurtos, con 118.745, un delito que se puede ver frecuentemente en las calles de las grandes ciudades catalanas. El siguiente es robo con fuerza, por ejemplo, romper la ventanilla de un coche o una ventana para acceder a un domicilio, con 22.582 casos. Las riñas tumultuarias graves y menos graves, como los altercados relacionados con botellones fueron 3.134 en toda Cataluña durante 2021.

Junto a estos datos están los de la Comunidad de Madrid, con 345.987 delitos, Andalucía con 314.894, País Vasco con 84.781, Canarias con 81.232 y Castilla y León con 74.008.

Material antidisturbios

Tras los disturbios en las fiestas de La Mercè 2022 en Barcelona, el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, destacó el «el error» de eliminar material policial antidisturbios. «Los graves disturbios producidos demuestran que la utilización del material antidisturbios es fundamental para poder evitar graves altercados como los producidos en Barcelona e incluso que se produzcan graves consecuencias, como el apuñalamiento de una persona», defendió el portavoz de Jupol, Pablo Pérez.

El problema es que Interior quiere extender a toda España el modelo de seguridad ciudadana implantado en Cataluña para los Mossos d’Esquadra, donde se decidió sustituir las pelotas de goma por cartuchos de FOAM pese a que, según Jupol, «en reiteradas ocasiones se ha demostrado que no tienen la misma efectividad para la contención de masas violentas y la disolución de manifestaciones o situaciones violentas».

Para este sindicato de la Policía Nacional los disturbios en las fiestas de la Mercè en Barcelona «no hacen más que reforzar el error» que supone la modificación de ciertos artículos de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como ley mordaza. Una de las condiciones para alcanzar un acuerdo en la reforma de la famosa Ley de Seguridad Ciudadana que defiende Unidas Podemos y los socios del Gobierno, entre ellos ERC y EH Bildu, es la necesidad de eliminar las pelotas de goma de la dotación de material de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional.

Jupol vuelve a pedir que se reinstaure el «principio de autoridad» de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. «Un principio de autoridad que se ha venido lesionando de manera constante en los últimos tiempos y que genera una sensación de impunidad en los violentos», explicó Pérez.

Caos en Barcelona

Desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) asegura que «las Fiestas de La Mercè han sumido a la ciudad de Barcelona en el caos y
acaban con la muerte de un joven por apuñalamiento». El CSIF es el sindicato más representativo en las administraciones públicas, y desde esa posición «exige medidas urgentes y contundentes al Ayuntamiento de Barcelona, contra la delincuencia y ante la ausencia de autoridad desde el Gobierno municipal».

Los acontecimientos del fin de semana dejaron «la ciudad de Barcelona sumida en el caos, por la mala gestión pública en seguridad ciudadana del Gobierno de Ada Colau y Jaume Collboni», aseguran y añaden que “hay una inseguridad real y objetiva. Y lo dicen las cifras. Todo ello es fruto de una gestión nefasta y fracasada. Los propios policías asumimos un riesgo innecesario a la hora de realizar nuestro trabajo, por la falta de recursos humanos, recursos materiales, la falta de apoyo institucional, la falta de decisión política para que podamos trabajar, la falta de condenas por los atentados a la propia policía. Trabajamos con muchas dificultades”.

Los funcionarios argumentan que «hemos asistido a asaltos y saqueos de los comercios y al destrozo de mobiliario urbano y bienes privados. Parece que estamos en una ciudad donde la ley no rige y el Gobierno pretende blanquear datos comparándolos con 2019» y concluyen que «policialmente, esta delincuencia se puede combatir, pero se ha de combatir también a nivel político tomando medidas».