La catalana Perelló, de la izquierdista Jueces para la Democracia, nueva presidenta del Supremo y el CGPJ
Isabel Perelló (Sabadell, 1958) será la nueva presidenta del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces. La hasta ahora magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha sido elegida por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras semanas de negociación y varias reuniones del pleno durante los meses de verano, los vocales han elegido a la magistrada catalana por una amplia mayoría: 16 votos –todos los del bloque derechista– frente a los 4 cosechados por su oponente, Ana Ferrer. Afiliada a la asociación izquierdista de Jueces para la Democracia, Perelló se convierte así en la primera mujer que presidirá el Tribunal Supremo y el órgano de gobierno de los jueces.
El nuevo CGPJ ha culminado su primer y urgente reto: el de nombrar quién debe ocupar la presidencia del Supremo, que hasta ahora había estado ocupada en funciones por Francisco Marín Castán. Los 10 vocales del sector izquierdista optaron por que fuese una mujer y así ha sido. Se barajaron nombres como los de Pablo Lucas y Pilar Teso pero, finalmente, en la reunión decisiva celebrada este martes 3 de septiembre, se ha procedido a la última votación, en la que las magistradas del Tribunal Supremo Ana María Ferrer García e Isabel Perelló Doménech se han disputado la presidencia. El nombre de Isabel Perelló fue propuesto in extremis por el bloque conservador ampliando la lista inicial de siete candidatos para tratar de lograr el consenso.
Tanto Ana Ferrer como Isabel Perelló cumplían los requisitos que la ley para ocupar este liderazgo que consisten en ser miembro de la Carrera Judicial con la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser presidente de Sala del mismo o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad en el ejercicio de su profesión. De este modo, esta mañana a las 12:00 horas se ha procedido a la votación. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que será elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de tres quintos de los miembros del Pleno.
Isabel Perelló ingresó en la Carrera Judicial en 1985. Desde entonces, ha ocupado destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mahón (Menorca), en la Audiencia Provincial de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Magistrada especialista de lo Contencioso-Administrativo, sirvió en esta Sala jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla (1991) y en la de la Audiencia Nacional (1994). También ha sido letrada en el Tribunal Constitucional durante una década. Entró en el Supremo en 2009.
Perelló ha participado en diversos cursos sobre derecho constitucional, derecho administrativo comparado, telecomunicaciones y jurisprudencia constitucional, así como en encuentros organizados por el Consejo General del Poder Judicial sobre deporte, regulación y justicia. Es coautora de varias obras y ha colaborado en el libro La Europa de los Derechos: el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Perelló fue ponente del auto por el que el Tribunal Supremo rechazó hace un año la petición del PSOE de revisar los votos nulos de las elecciones generales del 23 de julio en la provincia de Madrid al considerar que «la mera diferencia numérica en los resultados» que se aducen en este caso (1.200 votos) no era «base suficiente» para la revisión. Aunque no era uno de los asuntos que suele llevar, Perelló formaba parte de la Sala de Vacaciones en la que recayó y que consideró que el PSOE no había aportado «datos aritméticos o cálculos estadísticos solventes» que permitieran verificar, «tan siquiera hipotéticamente», la relevancia de la revisión de voto en el resultado final de los comicios.
Actualmente integra la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, donde se encarga de los recursos que emanan de organismos reguladores como CNMV, CNMC o Banco de España, entre otros. También se ocupa de los asuntos relativos al Consejo de Transparencia, transportes, telecomunicaciones y subvenciones. Responsable en su mayoría de asuntos económicos, ha tenido un perfil poco mediático durante los 15 años que lleva en el Supremo.
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