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Castilla y León

Castilla y León rechaza el requerimiento del Gobierno: «No hay ningún acuerdo contra la ley del aborto»

El Gobierno de Sánchez "pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas"

El Gobierno rabia y amenaza a Castilla y León con los tribunales si aplica las medidas antiabortistas

Castilla y León ha inadmitido el requerimiento del Gobierno de Pedro Sánchez por el que se advertía al ejecutivo regional que se abstuviera de aprobar o aplicar alguna medida que vulnerase la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Así lo ha revelado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Javier Fernández Carriedo, que ha dicho que se ha inadmitido dicho requerimiento porque «no se ha llegado a ningún acuerdo» y por «la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento». «El consejo de ministros ha planteado un conflicto que no existe», ha zanjado.

Con el informe favorable de los servicios jurídicos, la Junta de Castilla y León y emitido un escrito de contestación al Gobierno central en el que se insiste en «la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento» y señala que el Estado «pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas», en relación a las explicaciones del vicepresidente, Juan García-Gallardo, sobre este protocolo que él denominó «provida».

Preguntado sobre si las medidas anunciadas por Gallardo van a ser aplicadas, Carriedo ha respondido que la obligación de la Junta de Gobierno es la de seguir mejorando las prestaciones en el ámbito sanitario y que dichas mejoras se harán bajo la ley nacional vigente y dentro de los protocolos que recoge la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. «No se modifica la cartera de servicios ni de protocolo alguno. La consejería de Sanidad es la competente en esta materia e irá avanzando en mejorar las prestaciones sanitarias», ha señalado Carriedo a la vez que apuntaba que lo que se presentó la pasada semana fue «un conjunto de prestaciones para mejorar el sistema sanitario para las mujeres embarazadas».

Además, el dirigente regional ha resaltado el hecho de que no se aplicará ninguna medida sanitaria que se suponga una coacción para los profesionales sanitarios pero ha evitado polemizar sobre las declaraciones del vicepresidente, García-Gallardo, en relación a estas medidas y se ha remitido a la comunicación publicada en la web de la Junta de Castilla y León. También ha recalcado el hecho de que todos en el Gobierno regional tienen la voluntad de seguir trabajando en sus respectivos ámbitos de actuación.

Sobre si peligra el Gobierno de PP y Vox en la región ha dicho que una coalición no significa que los dos partidos tengan que pensar igual pero tampoco que  no tengan puntos de trabajo en común. «En política estamos ante una realidad viva pero la vocación del gobierno es que tenemos una hoja de ruta, tenemos un programa de gobierno y tenemos un presupuesto recién aprobado y tenemos muchas ganas de llevarlo a cabo», ha subrayado.