El Gobierno rabia y amenaza a Castilla y León con los tribunales si aplica las medidas antiabortistas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha requerido oficialmente a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que «se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)». En este sentido, el ejecutivo ha advertido a la Junta de Castilla y León que el Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender «la libertad de las mujeres» y amenazan con implementar actuaciones jurídicas adicionales en caso de que el requerimiento no se atienda «íntegra e inmediatamente».

Asimismo, según el comunicado oficial emitido por el Gobierno, el ejecutivo que preside Pedro Sánchez estudiará «si es necesario ejercer otras acciones legales» porque alegan que la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y porque «se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma».

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido una de las primeras en reaccionar al requerimiento del Gobierno a través de redes sociales donde ha dicho que «no dudarán en emprender todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres».

Desde el Gobierno de coalición hacemos un requerimiento al Gobierno de Castilla y León para defender el derecho al aborto.

No dudaremos en emprender todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres.

Aborto seguro, libre y gratuito para todas.

— Irene Montero (@IreneMontero) January 15, 2023

En concreto, el Ministerio de Sanidad ha solicitado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla y León que cumpla con los siguientes puntos:

• Que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo. (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el Real Decreto 1825/2010, de 25 de marzo; y la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Método Farmacológico).

• Que, en caso de haber sido esta ya adoptada, el cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico.

• También se exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas.

• Además, que se comunique de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.

En cuanto a las medidas provida anunciadas por el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco, la junta de Castilla y León aprobó un protocolo para las mujeres embarazadas que incluye atención psicológica, escuchar el latido del feto y poder visualizar ecografías en 4D. Todo esto podrá aplicarse siempre que la mujer quiera en la semana 12 de gestación, durante la primera visita que la mujer realiza al ginecólogo y cuando se lleva a cabo la primera ecografía. En este momento los profesionales médicos informarán de la garantía de asistencia por psicólogos clínicos, de la posibilidad de escuchar el latido fetal y de la realización de una ecografía 4D si así lo desea la madre.