Castellanoparlantes catalanes denuncian «vulneración de sus derechos» en el Parlamento Europeo

Los españoles Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, y Carlos Silva, en nombre de la organización Impulso Ciudadano, han denunciado este martes ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo las situaciones de discriminación y «vulneración de derechos» que viven los castellanoparlantes en Cataluña.

En la comparecencia ante la citada comisión de la Eurocámara, han estado acompañados, entre otros eurodiputados, de la vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra. La representante independiente de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE) ha explicado en la sede de la soberanía europea que «a los catalanes y al resto de ciudadanos que sufren la discriminación lingüística les ha fallado el Estado».

La eurodiputada liberal ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que también ha explicado que «la petición de Ana Losada se centra en el sistema de inmersión lingüística en la educación catalana, un sistema que no sólo impide a los ciudadanos que allí viven elegir libremente la lengua vehicular para la educación de sus hijos, sino que castiga a las familias españolas que se trasladan a Cataluña desde el resto del país, por motivos laborales o por los que sean».

La representante española ha contado que «la petición de Carlos Silva se centra en las multas lingüísticas, las que se imponen a los comerciantes que cometen la osadía de rotular sus negocios en castellano». Ha afirmado que esta situación le recuerda «al proteccionismo de Donald Trump, a su America First y a su guerra comercial. Ni Trump ni los nacionalistas catalanes les importa perjudicar a los comerciantes, sólo les preocupan sus objetivos políticos».

Becerra ha recordado que la manipulación política en las escuelas catalanas contraviene «la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas», que «protege a los menores de su utilización ilegítima en campañas políticas». También ha señalado que «el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone que las políticas de la Unión deben garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores. ¿Qué nivel de protección es éste que les escamotea la información básica en su propio idioma?», se ha preguntado.

Así mismo, Becerra ha lamentado que «muchos europeos desconocen que el castellano es la lengua más utilizada por la mayoría de los catalanes, igual que muchos ignoran que existe una Cataluña no nacionalista ni independentista», y ha confiado en que la comparecencia sirva para cambiar esta situación.

Losada, que comparecía en la Comisión de Peticiones en nombre de Asamblea por una Escuela Bilingüe, ha señalado que «soy la voz de muchas madres y padres de Cataluña. Queremos romper el miedo a denunciar la vulneración de derechos que sufren a diario nuestros hijos». «Queremos una Cataluña bilingüe que no margine la lengua mayoritaria en Cataluña», ha afirmado. «No se puede proteger los derechos lingüísticos de unos a costa de los derechos fundamentales de los demás».

Silva, miembro de Impulso ciudadano, ha denunciado que “en Cataluña los derechos lingüísticos de los catalanes se miden por un doble rasero: el de los castellanoparlantes y el de los catalanoparlantes», y que «los inspectores de consumo en Cataluña se han convertido en inspectores de unos pocos».