Denuncian a Iglesias por beneficiarse de «los servicios privados» de la niñera-alto cargo de Montero

El ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido denunciado por un presunto delito de administración desleal y malversación ante el juez del 'caso niñera'

El juez ya investiga a Irene Montero por el uso de una alto cargo como niñera

Pablo Iglesias niñera
Pablo Iglesias, Irene Montero y Teresa Arévalo.

El ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido denunciado por un presunto delito de administración desleal ante el juez del caso niñera, en el que se investiga el uso de la ex diputada Teresa Arévalo como cuidadora de la hija menor del ex secretario general de Podemos y la ministra de Igualdad, Irene Montero. El escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, manifiesta que «ambos progenitores» –Iglesias y Montero– se han beneficiado de los servicios prestados de la empleada del partido.

La denuncia ha sido presentada por la asociación de juristas Prolege, que ejerce la acusación popular en el procedimiento que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid. El documento señala que, «si los hechos que han motivado la incoación de este procedimiento son la presunta utilización, inicialmente, de una empleada de Podemos y, posteriormente, de un cargo público del Ministerio de Igualdad, para prestar servicios personales como cuidadora de la hija de Iglesias y Montero, la investigación debe dirigirse contra ambos progenitores, puesto que ambos son los beneficiados por el trabajo prestado por la empleada para cuidar a la hija de la pareja».

Hay que recordar que la pareja podemita utilizó a la ex diputada Arévalo para cuidar de su hija menor, Aitana, durante la campaña electoral para los comicios del 10 de noviembre de 2019. Tanto es así que, tal y como desveló este periódico, el partido costeó billetes de avión de la menor y de su cuidadora para acompañar a Montero a un acto electoral celebrado en Alicante. En ese momento Teresa Arévalo estaba contratada por el partido cuando el responsable máximo era el entonces secretario general Pablo Iglesias. Y unos meses más tarde, cuando Irene Montero fue nombrada ministra, la niñera fue designada jefa de gabinete adjunta en el Ministerio de Igualdad y pasó a cobrar un sueldo de 51.946 euros anuales.

Por ello, la acusación subraya que «la conducta delictiva se inicia cuando Teresa Arévalo estaba contratada por Podemos y el máximo responsable era Pablo Iglesias, y además ambos, tanto Montero como Iglesias, son beneficiados por partes iguales».

Investigar el ‘escoltagate’

La acusación también solicita al magistrado José María Escribano que se investigue el escoltagate desvelado por OKDIARIO. Elena González, ex escolta de Irene Montero, relató en un escrito ante el Juzgado Social 3 de Madrid que durante su jornada laboral, a cargo del partido morado, la pareja Iglesias-Montero le ordenaba realizar tareas como hacer compras personales, productos de parafarmacia, droguería para bebés, alimentación en supermercados, comprar y llevar la cena, comprar comida para perros, hacer de chófer de la empleada doméstica y de la niñera, hacer de chófer de familiares invitados, hacer de transporte de envíos de familiares, tareas de gestión de obras en una de sus propiedades, tareas de mantenimiento en varias propiedades, tareas de mantenimiento de vehículos personales…

«Pues bien, todas estas tareas no parecen haber sido prestadas únicamente para Montero, sino también para Pablo Iglesias, y por ello son responsables por igual de ordenar y beneficiarse de los servicios personales prestados por una trabajadora del partido en su domicilio en Galapagar», recoge el escrito presentado por Prolege.

Por todo ello, la acusación Prolege solicita que se cite en calidad de investigado a Iglesias en esta causa judicial «a la vista de todos estos indicios, los beneficiarios de los servicios prestados con cargo a los recursos del partido eran el ex vicepresidente segundo del Gobierno y su pareja Irene Montero Gil, por igual». También solicita que se impute en esta causa al tesorero del partido Daniel de Frutos y la gerente Rocío Val, investigados ambos en el caso Neurona. 

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