‘Caso Leire’: la UCO investiga contratos en Correos cuando la presidía el íntimo de Sánchez, Juanma Serrano

La UCO de la Guardia Civil, junto con la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, ha abierto una investigación sobre irregularidades en contratos públicos durante la etapa de Juan Manuel Serrano como presidente de Correos, según han confirmado a OKDIARIO fuentes conocedoras del caso.

Serrano, conocido por ser el gran amigo íntimo de Pedro Sánchez y su antiguo jefe de gabinete en el PSOE, dirigió la empresa pública postal entre 2018 y diciembre de 2023, periodo en el que acumuló pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros.

La investigación se ha desencadenado tras las detenciones este miércoles de la ex militante del PSOE Leire Díez y del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Ambos pasarán en las próximas horas a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, que dirige la causa bajo secreto de sumario.

Las pesquisas se centran en varios frentes. Uno de ellos sería la adquisición por parte de Correos del 51% de Rangel Expresso, la división de paquetería de la empresa portuguesa Rangel, por 11 millones de euros en abril de 2019. La operación permitía al operador público español «ofrecer un servicio integrado de paquetería urgente para toda la Península Ibérica», según explicó entonces Correos en un comunicado oficial.

No es la primera vez que emerge Correos en las tramas del PSOE. La polémica ya giró en torno al contrato de Correos con Sortis, una empresa de consultoría tecnológica. Se trataba de un contrato de dos millones de euros con la sociedad con lazos con Panamá de Israel Pilar, un empresario de la órbita de la trama Koldo de presuntas comisiones, corrupción y adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante la pandemia.

Se sospechaba de Sortis por haber pagado comisiones en negro a intermediarios de la trama para lograr esos contratos. La situación estalló cuando la instrucción judicial relacionó esos contratos con el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García Izaguirre. Se publicaron una fotografía del ex mano derecha de Sánchez con el empresario.

Contratos en Enusa

Otro de los focos de la investigación apuntaría a contratos en Enusa, empresa perteneciente a la SEPI donde Leire Díez trabajó entre 2018 y 2021. La propia Díez reconoció durante su declaración como imputada el pasado 17 de noviembre que en 2018 dio «el salto a la empresa pública» cuando empezó en Enusa, «tras un previo proceso de selección», incorporándose como «técnico de comunicación».

Desde Enusa, Leire Díez saltó en 2021 a Correos, donde fue contratada como jefa de Relaciones Institucionales por el propio Serrano. En una entrevista exclusiva con OKDIARIO, la ex militante socialista admitió sin ambages: «Es verdad que es público y notorio que Juan Manuel Serrano y Pedro Sánchez tuvieron mucha relación en las primeras primarias y que una vez que Sánchez asciende y llega a la Presidencia del Gobierno, lo hace director de Correos».

Leire Díez confesó que alcanzó un salario de 80.000 euros anuales como directora de Relaciones Institucionales. «Un rango de subdirección, yo creo que eran 80.000 al año», reconoció cuando Eduardo Inda le preguntó directamente sobre su sueldo. Defendió que trabajaba «de 8 a 8, y ésa era la jornada corta». Leire trataba de «matar» civilmente a Antonio Balas, alto mando de la UCO, unidad que ahora le ha detenido.

Un magistrado de Plaza Castilla considera que Leire Díez «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios». La ex militante socialista ya figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid.

Fernández y Servinabar

Vicente Fernández, por su parte, fue nombrado presidente de la SEPI en junio de 2018 por el Gobierno de Sánchez y dimitió en octubre de 2019 tras ser imputado en el caso Aznalcóllar. La Audiencia Provincial de Sevilla lo absolvió la semana pasada al considerar que «no existen indicios de los delitos atribuidos y que se ha tratado de una acusación infundada».

El nombre de Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Supremo en el marco del caso Koldo sobre la información tributaria de Servinabar, empresa vinculada al número tres del PSOE, Santos Cerdán. Los documentos detallan que Fernández recibió de Servinabar un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado el pasado julio, Fernández se acogió a su derecho a no declarar cuando los senadores se interesaron por los motivos por los que cobró de Servinabar.

Gestión ruinosa

Juan Manuel Serrano dejó Correos en diciembre de 2023 con un agujero que superaba los 1.000 millones de euros acumulados durante su mandato. En 2022, últimas cuentas auditadas bajo su dirección, las pérdidas de la firma sumaron 217 millones. Para 2023 se esperaba que alcanzaran los 300 millones.

Esta situación se produjo pese a que la empresa perteneciente a la SEPI había recibido 1.433 millones en ayudas, fondos europeos y subvenciones de diferentes administraciones hasta mediados de 2023. Serrano fue sustituido por Pedro Saura, que abandonó la presidencia de Paradores para asumir la dirección de Correos en plena remodelación del Gobierno.

Serrano fue conocido por su estrecha relación con Sánchez. Fue su mano derecha en el PSOE, donde ejerció como jefe de gabinete entre 2014 y 2018. Es licenciado en Ingeniería Técnica Informática y Derecho por la UNED. A lo largo de su carrera profesional estuvo vinculado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde dirigió el departamento de sistemas y gestión de convenios.

La investigación de la UCO y Anticorrupción se encuentra en sus primeras fases de este nuevo caso. Los agentes trabajan para esclarecer si existieron irregularidades en las adjudicaciones y si hubo un patrón sistemático de favoritismo en las contrataciones durante el mandato de Serrano en Correos.

Las fuentes consultadas no descartan nuevas detenciones en los próximos días si las investigaciones descubren más presuntas irregularidades en el entramado de empresas públicas vinculadas a la SEPI. Tampoco se descarta que los detenidos ingresen en prisión provisional.

El caso abre un nuevo frente judicial que amenaza con salpicar al núcleo duro del sanchismo y pone bajo la lupa la gestión de empresas públicas estratégicas. Mientras Leire Díez y Vicente Fernández permanecen detenidos, la pregunta que resuena en los pasillos de la Audiencia Nacional es si esta investigación es solo la punta del iceberg de una trama más amplia de corrupción enquistada en el corazón de las sociedades estatales. El tiempo y el trabajo de la UCO determinarán si las sospechas se convierten en pruebas que desvelen un posible saqueo orquestado del erario público.