Caso ERE: un perito afirma que Junta indujo a error al Parlamento con un presupuesto engañoso

Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han sostenido hoy que el Parlamento fue «inducido a error» por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía al someter a su aprobación un presupuesto que incluía las ayudas de los ERE.

El jefe del equipo de la IGAE, Ángel Turrión, ha respondido de este modo al reproche del perito Juan Ramallo (propuesto por la ex consejera Magdalena Álvarez) a los informes de los expertos estatales que, a su juicio, «van al corazón del sistema democrático» al «hacer una acusación tan seria como que el Parlamento aprobaba una Ley fraudulenta o errónea».

«Nunca hemos dicho que la Ley de Presupuestos es una ley errónea o fraudulenta. Lo que sí hemos dicho es que el Parlamento fue inducido a error por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, lo hemos dicho claramente muchas veces porque el proyecto de Ley estaba fraudulentamente elaborado en el sentido que la RAE da al término como engañoso o falaz», ha aclarado Turrión.

La sesión del juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta dedicada a la prueba pericial se ha centrado en las discrepancias sobre quién tiene la competencia real de elaborar el Presupuesto de la Junta, que entre el 2001 y 2010 contempló transferencias de financiación de la Consejería de Empleo a la agencia pública IDEA para pagar las ayudas de los ERE.

Los peritos de la IGAE han defendido que el director general de Presupuestos ostenta «absolutamente todas» las competencias que la Ley de Hacienda Pública «otorga al consejero de Hacienda para elaborar el Presupuesto», cuyo Anteproyecto somete al consejero para que lo eleve al Consejo de Gobierno.

Por contra, varios peritos propuestos por las defensas de los ex consejeros de Hacienda José Antonio Griñán (que ostentó el cargo antes de ser presidente de la Junta), Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo han subrayado que el director general de Presupuestos «sólo establece criterios técnicos» para elaborar las cuentas y «coordina» las propuestas de gastos de cada consejería pero «no decide».