Carmena aprobará una ordenanza contra la violencia machista sin consenso y que invade competencias

Manuela Carmena está trabajando en una nueva ordenanza contra la violencia de género que no gusta a la oposición. Frente al consensuado Pacto de Estado, el Gobierno de la capital ha impuesto un texto a los grupos municipales.

Se trata de un texto compuesto por 39 artículos que no cuenta con ninguna novedad importante. Únicamente agrupa las leyes ya existentes. Un movimiento de Carmena y su concejal delegada del área de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, para apuntarse un tanto antes de las elecciones que apenas tiene aplicaciones prácticas.

«Un texto confuso que mezcla realidades y que no aporta avances, se limita a agrupar servicios y programas ya existentes sin orden»

«El proyecto presentado del Gobierno municipal de Ahora Madrid es un texto confuso, que mezcla realidades y que no aporta avances, se limita a agrupar servicios y programas ya existentes sin orden», indica Beatriz Elorriaga, concejal del Partido Popular en declaraciones a OKDIARIO.

La edil considera que «cumplir el mandato de las leyes y los Convenios Internacionales que ha suscrito España, como el Convenio de Estambul, no necesita de una ordenanza municipal porque las administraciones estamos obligadas a cumplir y hacer cumplir dichas normas».

A través de sus siete capítulos desarrolla unos conceptos en los que, a ojos del PP, «se mezclan definiciones, programas y objetivos». En primer lugar, mezcla actuaciones que no pueden ir unidas en un municipio como Madrid y que no se atienen a las competencias municipales.

«Tras una primera lectura considero que es una ordenanza que sólo persigue fines electoralistas, mal redactada, confusa, que interfiere en competencias ajenas y que no da el trato que merecen las víctimas de violencia, desde las competencias municipales. Este es un asunto que por su gravedad deberá unirnos a todos, en donde se debería haber trabajado no solo con la oposición, sino que desconocemos con quién se ha elaborado y si han participado otras áreas municipales fundamentales, como Seguridad y Emergencias o Equidad», explica Elorriega.

Invasión de competencias

Por ejemplo, una de las competencias que se atribuye es «la trata como tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual que es competencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actúan en coordinación con la Policía Municipal porque constituye un grave delito internacional». «Lo prioritario es siempre la atención a las víctimas, la sensibilización y la prevención y detección de situaciones de riesgo», defiende la concejal.

«La instrumentalización de los hijos contra su madre por parte del padre es tan peligrosa como la misma en sentido contrario», indica Elorriega. Otra duda que le surge es si acaso «se producen en Madrid asesinatos por motivos de dote».

Un observatorio fantasma

En este sentido, la ordenanza hace mención a un Observatorio Municipal de Violencia contra las Mujeres. Un órgano que ya existe y no ha estado operativo en estos cuatros años, anunciando permanentemente su reformulación pero que no han llegado hacerlo en toda la legislatura.

Tras leer la ordenanza, la concejal del PP consultada se pregunta: «¿Es la Policía Municipal la causante de la victimización secundaria?». Recuerda que en Madrid tenemos una Unidad de Policía Municipal de Atención a víctimas que ha recibido innumerables reconocimientos por su modelo y exquisita atención.

Duplicidades

Por otra parte, el texto recoge la creación de una Mesa Local de Coordinación para reunir desde el Ayuntamiento a las demás administraciones. «No veo la necesidad de crear una mesa más existiendo órganos de coordinación suficientes a niveles de la administración, cuando el Ayuntamiento de Madrid forma parte del Observatorio regional, que tiene dos sedes en la ciudad».

«Cuando se ha conseguido un hito histórico, con el Pacto de Estado contra la violencia que sufren las mujeres, el Ayuntamiento de Madrid debería haber asumido la responsabilidad y el compromiso de replicar en Madrid, el ejemplo de trabajo y de consenso que se ha demostrado en el ámbito nacional. Una regulación tan importante, de tanto calado humano y social no merece perder la oportunidad de que sea la mejor posible», insiste la concejal.