España

Un cargo de Junqueras sabía que debían llenar los colegios para que los Mossos no actuaran el 1-O

El que fue director de Patrimonio en la Vicepresidencia Económica de la Generalitat de Cataluña que ostentaba Oriol Junqueras, Francesc Sutrías, participó activamente en la logística y organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, hasta el punto de que conocía "la estrategia" que había de seguir para "garantizar la impunidad" de los Mossos d'Esquadra: Abarrotar los colegios 'electorales' desde primera hora de la mañana para que tuvieran la "coartada" de no intervenir.

Es la conclusión a la que llega la Guardia Civil en un informe al que ha tenido acceso Europa Press y que ya obra en el sumario del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investiga la organización del 1-O. Los investigadores concluyen que «fue el Govern quien convocó el referéndum, asumió los aspectos logísticos tales como el censo, la apertura de locales electorales, la recogida de los resultados y la seguridad», pero afirman que sin gente como Sutrías «difícilmente habría tenido lugar».

Él, definido en el informe como persona de confianza de Josep María Jové, el número 2 de Junqueras, conocía «la estrategia a seguir para garantizar la impunidad de los Mossos d’Esquadra, que no tenían previsto utilizar medidas coercitivas para desalojar los colegios y que no era otra que hacer llamamientos para que estuvieran repletos de gente desde primera hora de la mañana».

«Era conocedor de que uno de los elementos esenciales para que el referéndum tuviese éxito sería que los colegios desde primera hora estuviesen repletos de gente porque con ello, los Mossos d’Esquadra dispondrían de la coartada buscada y previamente ideada para evitar actuar pues, de hecho, no pensaban, como así sucedió, utilizar medidas coercitivas para desalojarlos», dice la Guardia Civil.

Sutrías, a la luz de la documentación que se le intervino, era conocedor de muchos otros aspectos de aquella consulta, según expone la Guardia Civil. Colaboró en la obtención de naves y locales donde almacenar el material, estaba al tanto de los trabajos para montar un centro de recogida de datos anexo al CTTI, departió con UNIPOST sobre el reparto de papeletas y la conveniencia de «destruir pruebas» por si llegaban las fuerzas de seguridad del Estado y hasta gestionó personalmente la participación de algún observador internacional, conforme detallan los investigadores.

El informe de la Guardia Civil ofrece al juzgado su análisis sobre Sutrías y otros cinco cargos de la Generalitat que gobernaba Carles Puigdemont que habrían tenido un papel determinante en la ejecución del referéndum y en los trabajos que se hicieron para la República catalana que se suponía, vendría a continuación.

En ese contexto sitúa a Montserrat Vidal Roca, igualmente investigada y a la que se intervinieron dispositivos electrónicos y documentación. Ella era la jefa del Área de Procesos Electorales y Consultas Populares incardinado en la Vicepresidencia del Govern que ejercía Junqueras y asumió el plan estratégico de este departamento.

Entre sus correos electrónicos consta uno que recibió de la Asociación Catalana por la Integración del Ciego, que solicitaba una reunión sobre la accesibilidad del voto el 1-O. Ella se puso en contacto con el entonces jefe de Gabinete del Departamento de Gobernación que dirigía Meritxell Borrás, Jordi Cabrafiga; para saber cómo debía proceder.

Él le contestó que «toda la organización del referéndum la llevaba a cabo el vicepresidente Junqueras y que lo más conveniente era dirigirles a él como máximo responsable», conforme explica la Guardia Civil.

A Montserrat Vidal se le encontró además otro correo que había recibido de Nuria Arbussà, de su mismo departamento, con una respuesta que a su vez, había recibido desde la web garanties,cat. Decía: «el Govern convocará el referéndum, asumirá toda la parte logística y garantizará que la jornada electoral se desarrolle con plena normalidad democrática; tal como se ha hecho en los últimos 30 años. Garantizará el censo, la apertura de los locales electorales, la recogida de los resultados y obviamente, la seguridad». Fue en julio de 2017.