Un cargo de la Generalitat amenaza con dejar a los aragoneses sin asistencia sanitaria por lo de Sijena

«Puede que a la gente de Aragón les pase factura, porque hay servicios que presta Cataluña los aragoneses de forma desinteresada y generosa y que se pagan, como el servicio sanitario, pero podría ser que nos lo repensemos». Es la amenaza que Josep Borrell y Figuera, director de Cultura de la Generalitat en Lérida, ha lanzado este lunes a los vecinos aragoneses por el traslado de las obras de arte de Sijena.

Josep Borrell y Figuera (Lérida, 1954) ha sido una de las decenas de personas que este lunes han tratado de impedir a los Mossos el cumplimiento de la orden judicial para devolver a Aragón las 44 piezas del monasterio de Sijena. Natural de Mollerusa, Borrell y Figuera es exseminarista y licenciado en Filología Catalana. Desde julio de 2012 ocupa el cargo en la Generalitat con un sueldo superior a los 50.000 euros anuales.

Asimismo, fue presidente de la delegación Òmnium Cultural del Segrià de 1986 a 1994, la asociación independentista vinculada al golpe separatista y por la que su presidente, Jordi Cuixart, está en prisión incondicional acusado de un delito de sedición.

Un litigio que viene de lejos

El conflicto sobre los bienes de Sijena afecta a tres grupos de piezas diferentes. Por una parte están las pinturas del monasterio aragonés, que fueron extraídas de su emplazamiento original durante la guerra y que ahora se exponen en el MNAC, dentro de la espectacular colección de pinturas románicas (la mejor del mundo).

Por otra parte, hay algunas piezas que fueron cedidas o vendidas por las monjas de Sijena al Museo de Lérida. Son éstas las piezas que deben ser devueltas a Aragón después de un proceso judicial que arrancó hace 12 años y que la Generalitat ha venido obstaculizando bajo el argumento de que “no se puede disgregar la obra del Museo de Lérida”.

La cuestión básica es que el monasterio de Sijena era Monumento Nacional desde 1923, y que cualquier venta de bienes tendría que haber sido declarada. El Gobierno aragonés alega que se le tendría que haber dado la posibilidad de adquirir prioritariamente estas piezas. Y la Justicia ha terminado dándole la razón.