Calvo no quiere cambiar la ley sanitaria del 86 como pide el PP pese a que dijo que estaba «anticuada»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 18/04/2021 06:51
  • Actualizado: 18/04/2021 06:51

El 13 de mayo del año pasado, Carmen Calvo compareció en el Senado y anunció una reforma de la legislación para hacer frente a la pandemia una vez decayese el estado de alarma. La intención del Ejecutivo era tener lista esa reforma ya de cara al otoño para evitar los posibles rebrotes. Sin embargo, esa intención quedó en el olvido. Casi un año después, la vicepresidenta considera que la ley actual es suficiente. Eso, aunque en aquella sesión en el Senado afirmó rotunda: «Una pandemia de esta naturaleza no está contemplada en nuestra legislación ordinaria de cara a adoptar las medidas precisas. Nuestra principal ley estatal tiene más de 30 años. En aquel entonces el legislador no pudo contemplar una situación como esta, porque era inimaginable».

«Ni siquiera nuestra legislación sanitaria, la legislación sanitaria del Estado, la legislación básica —no hablo de las transferencias en materia de sanidad ni de las competencias que las comunidades autónomas han asumido en estos años de desarrollo de nuestro sistema territorial— tiene una respuesta, ni siquiera una delimitación de lo que estamos viviendo en este momento», señaló en otro momento de su intervención.

La vicepresidenta defendió el estado de alarma de la primera ola, asegurando que «era la única fórmula verdaderamente garantista y rigurosa de los derechos de los españoles y de las españolas».

No obstante, admitió que, en los meses siguientes, habría que cambiar la Ley: «Vamos a tener que abordar algunas reformas legislativas importantes y partimos de la base de querer encontrar acuerdos básicos», aseveró Carmen Calvo.

«Reforma sanitaria»

En este contexto, se refirió a «una reforma sanitaria en cuanto a algunos elementos importantes de la legislación básica del Estado que queremos afrontar con mucha rapidez, puesto que pretendemos salir del estado de alarma en cuanto termine la desescalada, es decir, a finales del mes de junio o primeros días de julio».

«Queremos acabar con la vigencia del estado de alarma, pero tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y, naturalmente, el otoño, por si existe un repunte o una vuelta de intensidad de la Covid-19, en condiciones de no tener que utilizar el artículo 116 de nuestra Constitución», añadió.

Para ello, llamó al «consenso» entre los grupos parlamentarios «que sin merma de las transferencias y el respeto a las competencias asumidas por las comunidades autónomas nos permitan asumir y reaccionar en términos cotidianos ante las emergencias que necesitemos».

«Esta será una situación que plantearemos de manera rápida y urgente. Salir de la alarma significa dotarnos a nosotros mismos de instrumentos importantes para poder navegar en cualquier situación que vuelva a perturbarnos, en cualquier momento que pueda significar, como estamos viendo en algunos casos, repuntes o situaciones que nos obliguen a tomar decisiones importantes», insistió.

Sin ‘plan B’

Ahora, en cambio, Carmen Calvo considera que la legislación actual es suficiente. Ello, para rechazar el ‘plan B’ que ofrece el Partido Popular. Una alternativa jurídica basada en la reforma de la Ley sanitaria de 1986, que permitiría a las comunidades autónomas adoptar medidas de control tras el estado de alarma con las necesarias garantías.

En los últimos días, la vicepresidenta primera defiende que, con la Ley ahora vigente, las comunidades pueden hacer «casi todo», a excepción de «inmovilizar a los ciudadanos en sus casas», por ejemplo a través de los toques de queda. Asimismo, señala que el Consejo Interterritorial «mediante una acción coordinada» puede aprobar el cierre de algunos territorios cuando estén «en situación de particular incidencia».

Para sostener que el Consejo Interterritorial puede obligar a imponer ciertas medidas, Calvo tergiversa un auto del Tribunal Supremo, del pasado mes de marzo, que rechazó la suspensión cautelar solicitada por Vox sobre el cierre de la Comunidad de Madrid que había acordado este órgano. El alto tribunal, en cambio, no entró al fondo del asunto.