Cabreo en los fiscales porque García Ortiz no emite la circular sobre cómo aplicar la Ley Bolaños

Malestar en la carrera fiscal por la falta de directrices de Álvaro García Ortiz sobre la Ley Bolaños que cambia toda la Justicia española. La falta de una circular por parte de la Fiscalía General del Estado sobre cómo aplicar la nueva Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, conocida como Ley Bolaños, está generando un creciente malestar entre los fiscales. No existe establecer criterios unificados de actuación ante una reforma que supondrá una transformación radical en la organización de la justicia española.

«Es la ley que lo cambia todo, la ley que rebautiza y redefine todos los juzgados de España», señalan fuentes fiscales consultadas, que critican duramente la inacción de la Fiscalía General. «La Fiscalía General está para ayudar, no sólo para controlar», apuntan varias fuentes, que sugieren que García Ortiz «sólo está preocupado en su imputación, no en ayudar» a los fiscales en su labor diaria.

La urgencia de la situación viene marcada por el calendario: la ley entrará en vigor en aproximadamente un mes, hacia marzo, y la ausencia de directrices está generando incertidumbre total sobre cómo deberán actuar los fiscales ante los importantes cambios que introduce la reforma. Se está planeando la posibilidad de pedir una prórroga al Gobierno de Pedro Sánchez ante la falta de recursos para llevar a cabo los planes trazados desde los ministerios.

Fin a los actuales juzgados

Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la creación de los Tribunales de Instancia, que sustituirán a los actuales juzgados, un cambio organizativo de primer orden que requerirá una adaptación significativa en los métodos de trabajo del Ministerio Fiscal.

A la falta de una circular específica sobre la Ley Bolaños se suma la ausencia de una junta de fiscales para debatir tanto esta como otras leyes aprobadas y en negociación. Esta carencia de espacios de debate y coordinación está provocando preocupación en la carrera fiscal, que ve cómo se acerca la fecha de entrada en vigor de la reforma sin contar con las herramientas necesarias para su correcta aplicación.

Las fuentes consultadas contrastan esta pasividad con la rapidez con la que se emitió la circular sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del sólo sí es sí o Ley Montero en referencia a la ex ministra de Igualdad. En aquella ocasión, la Fiscalía General se apresuró a establecer criterios que, posteriormente, fueron contradichos por el Tribunal Supremo, lo que generó cierta confusión en la aplicación de la norma.

La Ley Bolaños supone una de las reformas más ambiciosas de la organización judicial en las últimas décadas. Además del fin de los actuales juzgados unipersonales para crear tribunales de instancia, también introduce cambios significativos en la oficina judicial y en los procedimientos de resolución alternativa de conflictos. También se traza como serán los casos de acuerdos de conformidad.

La reforma también afecta a aspectos procesales importantes, como los relativos a la instrucción de causas penales o la ejecución de sentencias, materias en las que el papel del Ministerio Fiscal es fundamental y que requieren de criterios claros y uniformes de actuación.

La situación es especialmente delicada, considerando que la ley prevé un periodo de adaptación relativamente corto para una reforma de tal calado. Los fiscales temen que la falta de directrices pueda provocar disparidad de criterios entre las diferentes fiscalías territoriales, lo que iría en contra del principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal.

Mientras tanto, la Fiscalía General mantiene su silencio sobre esta cuestión, lo que está siendo interpretado por muchos miembros de la carrera fiscal como una dejación de funciones en un momento crucial para la administración de justicia española. La ausencia de una junta de fiscales para abordar estas cuestiones está contribuyendo a aumentar la sensación de desamparo entre los profesionales que deberán aplicar la nueva normativa en primera línea.