El bufete Chapapría-Navarro & Asociados defiende ante el TJUE que la Ley de Amnistía es contraria al derecho comunitario

El despacho de abogados Chapapría-Navarro y Asociados ha defendido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la Ley de Amnistía es contraria al derecho de la Unión Europea. El bufete ha solicitado diversas cuestiones prejudiciales para presentar al tribunal sobre el «procedimiento contable de los delitos de malversación cometidos por los responsables de procés», según ha informado el propio despacho en una nota de prensa.

El despacho ha defendido que esta acción se plantea como «pilar fundamental» para evitar que la Ley de Amnistía «sirva como escudo legal para eludir responsabilidades penales y contables» cometidas durante el intento de golpe de Estado del independentismo. El despacho Chapapría-Navarro y Asociados ha visto reforzada su iniciativa por las «contundentes observaciones» de la Comisión Europea, que este lunes ha calificado la Ley de Amnistía de posible «autoamnistía».

La Comisión ha declarado que la Ley para perdonar a los responsables del procés es contraria al Estado de Derecho y al Derecho europeo, pues «su aprobación responde a intereses políticos ajenos al bien común», tal y como indica el despacho. «Estas consideraciones refuerzan la argumentación jurídica planteada por la firma, al evidenciar que la norma no cuenta con una base legítima de interés general reconocida», aseguran desde Chapapría-Navarro.

El bufete también asegura que si el TJEU «resuelve favorablemente» las cuestiones prejudiciales que han planteado, «blindará las acciones judiciales ya en curso contra responsables del procés». El trabajo de Chapapría-Navarro «dificultará que la Ley de Amnistía sea utilizada para encubrir conductas reprochables». El despacho ha defendido que esta línea de acción permitirá que «no prospere la estrategia de impunidad» pretendida por los sectores independentistas.

Chapapría-Navarro y Asociados con esta acción ante el TJUE así su compromiso con «la defensa del cumplimiento de la legalidad, el control del gasto público y el respeto escrupuloso al Estado de Derecho en todos los procesos judiciales de especial relevancia pública».