Bruselas avisa a Sánchez: observará «con atención» el golpe al CGPJ para velar por la independencia judicial

La reforma que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretende hacer del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha provocado una reacción en cadena entre la oposición y entre los propios jueces que critican que hace peligrar la independencia judicial.

El asunto ya ha llegado hasta Europa. La Comisión Europea va a observar «con atención» el desarrollo de la reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos y ha advertido de que no debe comprometerse la independencia judicial ni dejar que el CGPJ sea percibido como «vulnerable a la politización».

Bruselas está al tanto del anuncio del proyecto de reforma anunciado en España, por lo que su intención es «observar con atención» cómo evoluciona este proceso, según ha informado a Europa Press el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, quien ha recordado que el reciente informe sobre el Estado de derecho en España subrayaba la importancia de garantizar que el CGPJ «no sea percibido como vulnerable a la politización».

El Ejecutivo comunitario publicó hace apenas una semana su primera evaluación del Estado de derecho en cada Estado miembro y, en el caso de España, no detectó riesgos graves en su sistema democrático pero alertó de que la situación del CGPJ en España era un «desafío» que se debía afrontar.

Polonia pregunta a Bruselas

El Ejecutivo de Polonia ha reaccionado ante la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pretende llevar a cabo el Gobierno socialcomunista español para liquidar las mayorías necesarias para elegir a los jueces. El viceministro de Justicia del país, Sebastián Kaleta, ha dirigido un mensaje a través de Twitter a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, preguntándose si Bruselas piensa tomar medidas contra España, al igual que hizo contra Polonia por su plan sobre la Justicia. La ley polaca, que permite sancionar a los jueces que cuestionen públicamente las reformas judiciales del Gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia (PiS), ha sido ampliamente contestada por los propios magistrados y por la UE.

«España: el Gobierno cambia las reglas para la elección de los jueces. Aún así, como en Polonia, serán elegidos por el Parlamento. Pero en lugar de la mayoría de tres quintos (como en Polonia), debería ser del 50% + 1. Oposición: ataque a la división de poderes, «están matando a Montesquieu». Me pregunto si Vera Jourova intervendrá», se plantea irónicamente Kaleta en un tuit, en referencia a la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Estado de Derecho y Justicia, Vera Jourová.

En 2015, el partido Ley y Justicia acometió su reforma del sistema de elección de los jueces, introduciendo la mayoría de tres quintos en el Parlamento. Las dos asociaciones judiciales mayoritarias españolas -Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Francisco de Vitoria-avisaron ya este martes que la reforma pretendida por Sánchez e Iglesias aleja al país de los parámetros europeos de independencia judicial, acercándonos, entre otros, a Polonia.

La Comisión Europea ya ha abierto cuatro expedientes sancionadores a Polonia por la reforma de la judicatura. Según Bruselas, la normativa viola la independencia de los jueces y es incompatible con el Derecho europeo. Entre otras medidas, impide a los tribunales polacos aplicar directamente ciertas disposiciones de la legislación comunitaria que protegen la independencia judicial y plantear ciertas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión. La UE ha dado al Gobierno polaco un plazo de dos meses para enmendarla.

«Existen riesgos claros de que las disposiciones del régimen disciplinario contra jueces que introduce la nueva ley pueda ser utilizado para ejercer control político sobre las decisiones judiciales», avisó en abril Jourová.

PSOE y Podemos plantean rebajar la mayoría necesaria para elegir a los jueces, que pasará de una mayoría de tres quintos del Congreso a una absoluta. Esto permitiría al Gobierno acometer la renovación sin necesidad de un acuerdo con el Partido Popular.