Bruselas alerta sobre la falsificación de documentos en la regularización: «Riesgo para la seguridad del espacio Schengen»
La Comisión avisa a España que la concesión de permisos debe respetar "las Directivas de la UE en materia de migración"
Los socios de la UE reprocharon a Sánchez que fuera capaz de "sustituir a la población para mantenerse en el cargo"
La Unión Europea alerta sobre el impacto de la presunta falsificación de documentos, denunciada por el PP, en el proceso de regularización masiva que puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez a principios de año. A ojos de la Comisión Europea, este tipo de prácticas suponen un «riesgo para la seguridad del espacio Schengen».
El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró a principios de septiembre que «el fraude documental facilita varios tipos de actividades delictivas y representa un riesgo para la seguridad y la integridad del espacio Schengen». «En particular, cuando se utilizan documentos falsos u obtenidos fraudulentamente para obtener derechos de residencia o para cruzar las fronteras», añadió a través de una respuesta parlamentaria por escrito.
Lo hizo después de que cuatro diputados del PP europeo registraran una iniciativa en la Eurocámara. Interrogaron a la Comisión sobre el presunto «fraude documental en procesos de regularización extraordinaria y protección de la integridad del espacio Schengen».
Los representantes del partido de Alberto Núñez Feijóo alertaron de que «recientes operaciones policiales e informes de la Policía Nacional han alertado del uso creciente de documentación falsificada para obtener autorizaciones de residencia».
La Policía Nacional llegó a desarticular una organización criminal asentada en Zaragoza por facilitar documentación falsa a inmigrantes ilegales para regularizarse. La operación se saldó con 61 detenidos, de origen español, argelino y marroquí. La Policía estima en más de 5.000 los inmigrantes ilegales beneficiados por la actividad de esta organización.
Por todo ello, los populares interrogaron al Ejecutivo comunitario encabezado por la alemana Ursula von der Leyen en los siguientes términos: «¿Comparte la Comisión que unos controles insuficientes de verificación documental en procesos nacionales de regularización pueden comprometer la integridad del espacio Schengen y fortalecer el modelo de negocio de las redes de tráfico ilícito de migrantes?».
La Comisión respondió afirmativamente. Y recordó que aunque «la expedición de permisos de residencia se rige principalmente por el Derecho nacional», también está sujeta a la regulación de «las Directivas pertinentes de la UE en materia de migración legal». Es decir, que Sánchez debe respetar el derecho europeo al regularizar a inmigrantes irregulares.
La UE, contra la regularización
Esta misma semana, el presidente del Gobierno puso en valor su regularización masiva, de la que se han beneficiado 1,2 millones de extranjeros en situación administrativa irregular, durante su mitin en Zaragoza este miércoles: «Ya casi medio millón están trabajando y cotizando a la Seguridad Social». «Eso también es llenar la hucha de las pensiones y garantizar las pensiones del presente y del mañana», añadió el líder socialista.
La cifra superó ampliamente los datos iniciales ofrecidos por el Gobierno. El propio presidente, en una carta a la ciudadanía, aseguró que las personas que podrían beneficiarse de la regularización serían «menos de 500.000», a pesar de que los informes de Funcas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o los sindicatos policiales aseguraban que serían más cercanas al millón.
La regularización masiva no ha dejado de estar en el centro del debate de la Unión Europea. Este mismo viernes, Andrej Babis, primer ministro checo, llegó a acusar a Sánchez de usar este procedimiento extraordinario para seguir en el poder. «Vemos lo que está ocurriendo en España. Algunos políticos son capaces de sustituir a la población simplemente para mantenerse en sus cargos y seguir en el Gobierno. Eso no tiene nada que ver con nosotros», aseguró en una reunión informal al margen de la cumbre del Consejo Europeo que se celebró ese mismo día.
Por su parte, Mette Frederiksen, primera ministra danesa y socialista, fue rotunda al pedir al Ejecutivo comunitario que estudie si hay países del bloque que «contradicen» la política migratoria europea. «He pedido a la Comisión que examine si un país hace, por así decirlo, casi lo contrario de lo que hacemos los demás».
Varios socios europeos de Sánchez incluso le responsabilizan de la avalancha de inmigrantes en Ceuta, al considerar que ha provocado un «efecto llamada» que está afectando a toda la Unión Europea.
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