El Ayuntamiento del BNG en Pontevedra «espía» a los vecinos críticos con el compostaje

El Ayuntamiento del BNG en Pontevedra «espía» a los vecinos que discrepan de sus políticas de reciclaje y ordena a la Policía Local orientar las cámaras de videovigilancia municipales hacia los composteros instalados en el centro de la ciudad alegando posibles actos de sabotaje. El consistorio desoye las quejas de los vecinos afectados y e ignora la legislación vigente que autoriza al uso exclusivo de grabaciones en la vía pública para el control del tráfico y limita el uso de videocámaras a situaciones de riesgo y/o peligros concretos. 

El compostaje ha sido el plan central de la presente legislatura de gobierno municipal del BNG en Pontevedra. El ideólogo y responsable de todas las acciones implementadas por el BNG en la ciudad es el concejal Mosquera -segundo de Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra- actual vicepresidente de la Diputación, cuya posición de poder ha puesto en marcha el proyecto en toda la provincia sin tener en cuenta la oposición de los ciudadanos.

Un colectivo de más de 400 afectados se ha movilizado para recoger cerca del millar de firmas que respaldan la solicitud de retirada de los composteros colectivos ubicados en la calle Eduardo Pondal, en pleno centro de la ciudad. La postura del consistorio no sólo ha sido negativa al respecto sino que, contraviniendo la legislación vigente, insisten en imponer su criterio a los pontevedreses.

Desde el Ayuntamiento y como demuestran los documentos a que ha tenido acceso este diario se ha ordenado a la Policía Local, orientar las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, directamente a la grabación de los contenedores para «espiar» a los ciudadanos que se acercan a los mismos, restringiendo su libertad y bajo el pretexto de proteger las instalaciones de posibles actos de sabotaje. 

Captación de imágenes

La captación de imágenes en la vía pública, como es el caso de las cámaras de tráfico, podía vulnerar los derechos personales protegidos por la Ley Orgánica 15/199, de 13 de septiembre, sobre protección de datos de carácter personal. Con la entrada en vigor el pasado día 15 de mayo, del RGPD este marco normativo cambia y, en todo caso, incrementa los derechos personales y las posibles multas por incumplimiento.

En todo caso, y de acuerdo a la LO 4/1997, las videocámaras fijas se habilitan para la identificación de un riesgo y han de ser autorizadas por la Delegación del Gobierno y/o las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas. Las móviles (que pueden ser simultáneamente utilizadas) con la finalidad de identificar un peligro concreto. En ambos casos, los principios que rigen su instalación, uso y enfoque serán los de proporcionalidad, ponderación e intervención mínima y se tratará de buscar el equilibrio entre una situación real de amenaza y los derechos a la intimidad y la propia imagen. Cuestión que no se cumple en la decisión del consistorio pontevedrés con los ciudadanos.