El ayudante de Ábalos se niega a declarar ante el juez y queda en libertad con medidas cautelares

• Rafael Molina @RafaelMolinaTW
• Redactor de Nacional en OkDiario con formación en Periodismo y Derecho. Te leo en rafael.molina@okdiario.com
• • 22/02/2024 10:53
  • Actualizado: 22/02/2024 17:01

Koldo García, el ayudante del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, acogiéndose así a su derecho a no declarar, por el caso de las presuntas mordidas en la compra de mascarillas que realizó el Ministerio de Interior y de Transportes, además de las autonomías de Canarias y de Baleares.

No ha sido el único que este jueves se ha acogido a su derecho a no declarar. Tanto Koldo como otros tres detenidos, entre los que estaba el hermano de Koldo, Joseba García, y Víctor de Aldama, presidente del Zamora C.F. se han acogido a su derecho a no declarar ante el Juzgado Central de Instrucción Número 2.

La Fiscalía no ha solicitado prisión para los detenidos, por lo que todos han quedado en libertad después de haber sido puestos a disposición del juez. Ahora quedan en libertad con medidas cautelares. Entre ellas, tendrán que comparecer de forma periódica en el juzgado y además, se les retirará su pasaporte.

El caso por el que fueron detenidas 14 personas se refiere a las supuestas mordidas en contratos para la compra de mascarillas y material sanitario durante los peores momentos de la pandemia de Covid-19. Esos objetos adquiridos fueron destinados a los ministerios de Transportes e Interior y a las comunidades autónomas de Baleares y Canarias.

Rafael Pérez, el secretario de Estado de Seguridad y número dos de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, ha declarado también este miércoles ante la Guardia Civil por el caso de las mordidas en la venta de las mascarillas y material sanitario a administraciones públicas.

La toma de declaración también afectó a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas.

Fuentes del Ministerio del Interior reaccionaron a la información señalando que «no se pronuncian sobre un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que tiene carácter de secreto».

La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y en la que participan Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado desde este martes a la detención de 14 personas, dentro de unas diligencias de investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a 20 personas.

Estas detenciones practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en distintas provincias de la geografía española han venido acompañadas por alrededor de 26 registros domiciliarios. Las fuentes consultadas indican que los mismos se han extendido hasta las 04.00 horas de la madrugada del miércoles y que, en alguno de esos registros, los agentes se han encontrado con cajas fuertes vacías.

Más de 50 millones de euros

La investigación judicial por la que ha sido detenido Koldo García Izaguirre, que fue asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, investiga presuntas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Estas fuentes señalan que el montante de los contratos de estas administrativas públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.

En el caso del Ministerio del Interior fue Rafael Pérez quien firmó la adjudicación de material de protección para el personal de Interior a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa por un valor de 3.479.355 euros. Estos contratos habían sido requeridos previamente por los investigadores, según explica el citado medio, y se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia.

En este contexto, la Guardia Civil también reclamó al Ministerio de Transportes documentación en el marco de la investigación por las presuntas mordidas, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.

En todo caso, las fuentes consultadas por Europa Press aseveran que la operación sigue abierta y que por tanto no es descartable que en las próximas horas tengan lugar más detenciones en el marco de esta causa que permanece secreta.