La Audiencia Nacional confirma el archivo de las actuaciones contra Cifuentes en el caso Púnica

La Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez instructor del caso Púnica de sacar del procedimiento a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ante la insuficiencia de indicios de que participara en una presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia confirma así el archivo del caso Púnica para Cifuentes, para la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y para el presidente del Grupo Cantoblanco Arturo Fernández.

Los tres estuvieron imputados por presuntos delitos de prevaricación y cohecho en la pieza número 9 donde se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, y también en relación a supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en los procesos de licitación de 2009 y 2011.

Como el juez instructor, la Sala que ha revisado su decisión concluye que no ha quedado acreditado, «ni siquiera indiciariamente» que dicha adjudicación tenga «una relación directa con las donaciones» de 100.000 euros y 60.000 euros que hicieron las entidades Arturo Grupo Cantoblanco SL y la Confederación Empresarial de Madrid, respectivamente, «en favor de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (FUNDESCAM), controlada por el Partido Popular».

Y en relación a Cifuentes, los magistrados indican que la investigación no ha podido constatar que su actuación haya sido determinante para dicha adjudicación ni que en tales concesiones hayan sido relevantes las donaciones efectuadas por el empresario Fernández a Fundescam.

Una inexistencia de indicios de criminalidad que extienden «a la conducta consistente en participar en la financiación ilegal del Partido Popular». Cifuentes, que resultó absuelta hace unos meses del denominado «caso máster», fue patrona de Fundescam, cargo del que cesó en 2008.

De esta forma rechaza el tribunal los recursos que presentó la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y el PSOE, personados como acusación en esta causa donde están investigados otros presidentes autonómicos, como Esperanza Aguirre e Ignacio González.

En su auto, los magistrados señalan que de toda la actividad indagatoria se extraen, de manera clara y contundente, la insuficiencia de indicios racionales de criminalidad en los actos de los tres investigados. Sostienen además que los recurrentes se basan en «conjeturas o sospechas, más propias de una fase inicial de la investigación, pero totalmente denostadas» tras haberse practicado las diligencias necesarias.