La Audiencia halla una vía para investigar los crímenes de ETA sin resolver «por tentativa de genocidio»

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado reabrir la investigación sobre el atentado de ETA  que tuvo lugar en el año 2000 en Sallent de Gállego (Huesca) que costó la vida a una pareja de guardias civiles, a raíz de una querella que enmarca este crimen en «una política de genocidio en grado de tentativa», una nueva vía que permitiría declarar imprescriptibles 327 de los 379 crímenes de ETA sin resolver.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 señala en un auto que, «desprendiéndose de las actuaciones recibidas indicios por los cuales podría atribuirse a personas determinadas una participación en los hechos punibles investigados, es procedente (…) decretar la reapertura de las actuaciones».

Además, da traslado a la Fiscalía de la querella presentada por la Asociación Española contra la Impunidad y para el Avance de los Derechos Humanos, que se dirige contra una decena de ex jefes de ETA, «que presuntamente integraban el vértice y la cadena de mando jerárquico de la organización terrorista al momento de los hechos» y que, en consecuencia, tenían un «férreo dominio» sobre la misma y sus acciones, lo que permitiría considerar la autoría mediata y la comisión por omisión.

Se trata de Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias ‘Iñaki de Rentería’; Javier García Gaztelu, ‘Txapote’; Juan Antonio Olarra Guridi, ‘Jokin’; Ainhoa Mugica, ‘Olga’; Asier Oyarzabal, ‘Baltza’; Juan Carlos Iglesias, ‘Gadafi’; Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; Vicente Goicoechea, ‘Willy’; Ramón Sagarzazu, ‘Ramontxo’; y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’.

A ello se le suma que la juez de vigilancia penitenciaria ha revocado el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al etarra Juan Carlos Subijana al considerar que es prematuro porque, si bien observa un «avance» en la forma de pedir perdón a sus víctimas cree, en línea con el Ministerio Fiscal, que de algún modo sigue legitimando «políticamente» la actividad terrorista, por lo que recomienda además que participe en un programa de justicia restaurativa».

Así se recoge en un auto del pasado 22 de febrero, al que ha tenido acceso OKDIARIO, donde la juez María Reyes Jimeno estima el recurso presentado por la Fiscalía contra el acuerdo adoptado el pasado 11 de agosto por la Viceconsejería de Justicia del Gobierno vasco por el que acordó la progresión de Subijana a tercer grado.

La magistrada recuerda que «se encuentra condenado por delito muy grave (asesinato) y delito de daños a un total de 28 años de prisión, tiene aún pendiente un largo periodo de cumplimiento de la pena impuesta, pues no ha cumplido las tres cuartas partes, que no extinguirá hasta 2028, y no tiene previsto el cumplimiento definitivo hasta el año 2035, para lo que faltan 12 años de cumplimiento».