España

La de Artur Mas es la secretaria mejor pagada de España: cobra 99.337 euros

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Maria-Reis Quinzaños de Visa es la ‘Responsable de la oficina del expresident’ y cobra 99.337,84 anuales, según figura en el listado de personal eventual de la Generalitat.

Quinzaños, que ya era jefa de la Secretaría del Presidente durante el mandato de Artur Mas, disfruta de uno de los sueldos más altos en el Govern. De hecho, su salario supera incluso el de los secretarios generales de la Generalitat (85.769 euros) o directores generales de las distintas consejerías (82.209) y no dista mucho del que tenían los propios consellers (110.759,94).

Por supuesto, es muy superior a lo que cobra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con 78.966 euros, o los ministros, con 69.671 euros.

La Ley del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat señala que un exjefe del Govern dispone de una serie de prerrogativas, entre ellas, un despacho, con tres trabajadores a su disposición, escoltas o coche oficial, además de un sueldo vitalicio.

Según se establece en la norma, las personas que han ejercido el cargo de presidente la Generalitat «tienen derecho a percibir, por un período equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo» de president del Govern. En el caso de Artur Mas es de 115.224 euros anuales.

La ley se modificó en 2015, en pleno ‘escándalo Pujol’. Entonces, se abrió la puerta a retirar esos derechos presidenciales «por acuerdo del Pleno del Parlamento, adoptado por mayoría de dos terceras partes de sus miembros si considera que ya no concurren las condiciones de honorabilidad necesarias en la persona de un ex presidente o ex presidenta de la Generalidad, por razón de hechos conocidos o que puedan constatarse, o en caso de condena penal firme contra la persona de un ex presidente o ex presidenta de la Generalidad».

Las exigencias lo hace, no obstante, prácticamente imposible. Además, se establece que «previamente a la adopción de un acuerdo de revocación, el Parlamento debe convocar al ex presidente o ex presidenta objeto del mismo a una comparecencia ante la comisión que corresponda, para que pueda manifestar su posición sobre los hechos».

«La iniciativa del procedimiento de revocación corresponde a dos grupos parlamentarios o a una quinta parte de los miembros del Parlamento. La solicitud debe exponer los motivos que la justifican».