Pacto PSOE-PP en las instituciones: Arnaldo, Espejel, Sáez y Montalbán para el Constitucional

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 21/10/2021 21:13
  • Actualizado: 22/10/2021 02:08

Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales, y Concha Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (a propuesta del Partido Popular) e Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional (a propuesta del PSOE) serán los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para la renovación de los órganos constitucionales.

El acuerdo se produce después de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, desbloquearan la pasada semana, de forma exprés, las negociaciones para el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha quedado fuera de estas conversaciones debido a las profundas diferencias entre ambas partes.

A lo largo de este jueves se ha conocido además el acuerdo para que el socialista Ángel Gabilondo sea el próximo Defensor del Pueblo. La candidatura del ex líder del PSOE en la Comunidad de Madrid -que dimitió tras los malos resultados del 4-M-siempre contó con el visto bueno de los de Pablo Casado. Su número dos será la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril. 

El Partido Popular había advertido que no vetaría a personas que han desempeñado un puesto en una institución o administración pública para este puesto, pero sí rechazaban que hubiese cargos políticos en órganos jurisdiccionales como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas. De hecho, las negociaciones se han visto empañadas por la pretensión del PSOE de proponer al ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para el Tribunal Constitucional.

Ambas partes han destacado no obstante la buena sintonía durante las conversaciones, que han transcurrido con absoluto hermetismo. El propio Pedro Sánchez señaló este jueves desde Bruselas su confianza en cerrar un acuerdo definitivo «a lo largo de horas o de días», lo que enmarcó en una buena noticia para la calidad democrática de España.

Sin embargo, la discrepancia continúa en torno al Consejo General del Poder Judicial, ya que el Gobierno se niega aceptar la propuesta de despolitización de Casado para que los jueces sean elegidos por los jueces, como exigen la Unión Europea y el Consejo de Europa y reclaman las propias asociaciones judiciales.

Aunque la intención de los partidos era que la renovación de estos órganos se llevase a cabo en una sesión plenaria durante la semana del 25 de octubre, esta no se celebrará previsiblemente hasta principios de noviembre.

Mandatos caducados

La renovación de magistrados en el Tribunal Constitucional afecta a cuatro plazas cuya sustitución no altera el actual equilibrio de fuerzas. Tienen el mandato caducado el presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca, y el magistrado Andrés Ollero. La cuarta plaza quedó desierta después de que su titular, Fernando Valdés, abandonara tras verse inmerso en un procedimiento judicial por violencia de género.

Según establece la Constitución, el presidente «será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo tribunal en pleno y por un período de tres años». De esta forma, el nuevo presidente, que tiene voto de calidad para deshacer empates, será previsiblemente elegido entre los magistrados más veteranos, es decir, aquellos que acaban mandato en junio de 2022: Pedro José González-Trevijano, Antonio Narváez, Juan Antonio Xiol Ríos y Santiago Martínez-Vares.

De esta forma, la elección de los puestos de la presidencia y de la vicepresidencia recaería sobre ellos, aunque el periodo que ejercerían como tal debería ser relativamente corto dado que deben finalizar mandato en junio de 2022 tras permanecer en el tribunal los nueve años correspondientes.