Antifraude tumba por enchufismo una plaza de funcionario adjudicada por el alcalde de Valencia

La Agencia Valenciana Antifraude ha constatado «irregularidades» en la realización de un concurso de méritos para la provisión definitiva del puesto de jefe de sección media con categoría de Ingeniero Técnico Agrícola en el servicio de pueblos del Ayuntamiento de Valencia y ha instado a la anulación de la resolución de adjudicación de dicho puesto.

Así consta en un documento de la Agencia Valenciana Antifraude, firmado por el director de la institución, Joan Antoni Llinares, que responde de este modo a una denuncia presentada por el grupo municipal del PP. La Agencia Antifraude fue creada por la Generalitat Valenciana que gobierna el socialista Ximo Puig en coalición con Compromís, Podemos y el Bloc.

El informe explica que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del consistorio del pasado 7 de marzo de 2017 no se especifica que el puesto objeto de la investigación sea un cargo para el que sea valorable, como méritos específicos, la memoria y la entrevista. Además, «no constan acreditadas funciones de dirección asociadas a este puesto, ni sobre qué unidades administrativas se realizan las mismas».

Asimismo, en las bases específicas aprobadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que rigieron el concurso de méritos para la provisión de esta Jefatura de Sección media «se indica expresamente que se aplicará el baremo general». Sin embargo, se valoró como méritos específicos el contenido de una memoria y el resultado de una entrevista, algo que resultó «determinante en la selección del candidato finalmente elegido».

«En caso de no haberse valorado como méritos específicos una memoria y una entrevista, el candidato (que se hizo con el puesto) habría obtenido una puntuación inferior a la que habría obtenido otro candidato» dado que «la valoración de méritos específicos ha representado un 43 por ciento de la puntuación definitiva». «Un candidato que, de no valorarse estos méritos específicos, no hubiera resultado seleccionado», sostiene Antifraude.

El informe destaca también que «la valoración de un mérito específico para la provisión de un puesto de trabajo que en la RPT no viene así determinado viene a suponer no aplicar el Baremo General Común aprobado por el Ayuntamiento de Valencia y, por tanto, prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido para la selección del candidato y adjudicación del puesto». Por tanto, «supone lesionar los derechos de los restantes candidatos».

Por todo ello, la Agencia Valenciana Antifraude concluye que «las irregularidades constatadas en la realización del concurso de méritos se considera que tiene suficiente relevancia para acordar la anulación de la resolución de adjudicación del citado puesto».

«Caso flagrante de enchufismo»

Por su parte, el portavoz del grupo municipal ‘popular’, Eusebio Monzó, y concejal Alfonso Novo han denunciado que se trata de «un caso flagrante de enchufismo en un proceso de nombramiento de funcionario, con plaza asignada en el Ayuntamiento de Valencia». Se trata, según ha criticado Monzó, «de un proceso fraudulento muy grave, sobre el que el alcalde Joan Ribó deberá dar explicaciones porque la sospecha se cierne sobre su partido Compromís».

Monzó ha recordado que, antes de llegar al Gobierno local, Compromís creó una página web para que se pudieran denunciar los casos de enchufismo en las administraciones y, a nivel autonómico crearon la Agencia Valenciana Antifraude, dotada con un presupuesto de 1,5 millones de euros, con la finalidad de prevenir y erradicar prácticas corruptas y fraudulentas en las instituciones públicas valencianas e impulsar la integridad y la ética pública.

«Pues bien, ahora es la propia Agencia Antifraude, creada por Compromís, la que condena al alcalde Joan Ribó por un caso de enchufismo, y le sanciona a repetir el proceso de selección del técnico agrícola porque no se cumplieron las bases generales para estas oposiciones que tiene aprobadas el Ayuntamiento, perjudicando a los candidatos que no obtuvieron la plaza», ha manifestado el portavoz del PP en el consistorio.

Además, ha apuntado que el funcionario que se hizo con la plaza en el concurso presuntamente irregular «procedía del Ayuntamiento de Godella y vino al Ayuntamiento de Valencia en Comisión de Servicios» y que según marca la ley, las comisiones de servicio pueden tener una duración máxima de dos años.

Ha explicado esto porque, según los ‘populares’, la plaza que el funcionario ocupaba en Godella «actualmente se encuentra ocupándola la mujer de uno de los concejales de Compromís del Ayuntamiento», según ha informado el PP en un comunicado.

«Más de 50 millones de gasto público»

Al respecto, Monzó ha puesto de relieve que los ‘populares’ han estado «denunciando la escandalosa gestión del capítulo 1 de personal por parte del tripartito comandado por el alcalde Joan Ribó», que «ha supuesto, en tres años, un incremento de más de 50 millones del gasto público sin que se haya aumentado el número totales de funcionarios, y lo que es más grave, vamos a acabar la legislatura con 100 policías y bomberos menos que los que había en mayo de 2015 cuando Ribó accedió a la Alcaldía».

De acuerdo con la resolución de la Agencia Antifraude, ha añadido, «nos encontramos en el Ayuntamiento de Valencia con un procedimiento de adjudicación de plaza fijas de funcionarios que no se ajustó a la legalidad, del que han salido beneficiadas personas próximas a Compromís y en los que se han lesionado los derechos de los restantes candidatos» La resolución de Antifraude, ha concluido Monzó, «no deja lugar a dudas», por lo que «Ribó tendrá que anular esta oposición».