Anticorrupción considera «inevitable» la imputación del BBVA como persona jurídica
Del contenido de las declaraciones de los miembros de la cúpula de la entidad citados a declarar depende que el expresidente de la entidad, Francisco González, también sea citado como investigado en la pieza separada número 9 del caso Villarejo, durante las próximas semanas.
La Fiscalía Anticorrupción considera «inevitable» la imputación del BBVA como persona jurídica en el caso Villarejo. Así lo han manifestado a OKDIARIO fuentes jurídicas tras finalizar, este jueves, las declaraciones de los primeros miembros de la ex cúpula de la entidad bancaria citados por el instructor de la causa en la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, como investigados por sendos delitos de cohecho activo y revelación de secretos.
Aunque la responsabilidad penal del banco «no se identifica» directamente con la de sus directivos, precisan las mismas fuentes, existen dudas razonables sobre la presunta falta del deber de diligencia corporativa en el control de sus miembros más que suficientes para motivar jurídicamente la «incorporación de la entidad», como tal, en la causa que está siendo investigada.
Anticorrupción instará al juez García Castellón para que el BBVA forme parte del procedimiento judicial. El dossier que el banco entregó a la Audiencia Nacional donde se detallaban los estados contables de la entidad y se aportaba la relación de cuentas bancarias desde las que se materializaron las transferencias efectuadas a empresas del excomisario, como pago a sus servicios, será clave. El Ministerio Público identificó en dicho informe movimientos por importe de once millones de euros, realizados a la mercantil Cenyt -Club Exclusivo de Negocios y Transacciones, S.L.- matriz del entramado empresarial propiedad de Villarejo.
Así lo reconoce en su declaración de este jueves, en sede judicial, quien fuera jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA, Antonio Béjar González. Béjar, que sólo ha respondido a preguntas de su abogado, confirmaba ante el magistrado y los dos fiscales del caso que la empresa Cenyt estuvo contratada como proveedora de su departamento durante los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.
Según las manifestaciones del exjefe del Área de Riesgos, la empresa del comisario jubilado actualmente en prisión provisional, era la encargada de proporcionar los perfiles morosos a la entidad, aunque ha incidido en que él desconocía la titularidad de la misma, no conocía personalmente a Villarejo y nunca mantuvo ningún tipo de contacto o conversación con él mientras trabajaba en el BBVA. Tampoco le constaba que Cenyt fuese propiedad del ex policía mientras la empresa desempeñaba servicios regulares para el departamento que él lideraba.
Béjar ha asegurado que durante el tiempo en que desempeñó su cargo de responsabilidad en el BBVA siempre actuó de conformidad con la ley y atendiendo a los manuales internos del banco que, insistió, también se ajustaban a la legalidad vigente. Detalle que responde a un claro intento por exculpar a la entidad financiera frente a la potencial imputación de la misma.
Imputar al banco
La reforma del Código Penal en 2010, impulsada por el entonces ministro de Justicia socialista Francisco Caamaño, introdujo la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tanto por la actuación de sus ejecutivos como en el caso de que en el seno de la institución se produjese un delito del que no hubiese podido identificarse al autor.
Desde entonces y de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal las personas jurídicas responderán penalmente en dos supuestos: por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la persona jurídica -y en su beneficio- por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho; o, por los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de la persona jurídica, por quienes, estando sometidos a la autoridad de sus representantes o administradores hayan podido incurrir en comportamientos ilegales por no haberse ejercido sobre ellos el debido control. Caso en el que se situaría el BBVA.
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