Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ pide el mismo trato que Urdangarin: libertad provisional

• Juanan Jiménez
• Especializado en información nacional e internacional, breaking news, periodismo de datos y visualización, también escribo sobre motor y tecnología.
• • 01/03/2017 02:34
  • Actualizado: 19/04/2017 13:15

Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) que decrete su libertad provisional amparándose en la similitud de su caso con el de Iñaki Urdangarin.

El pasado 10 de febrero Francisco Correa, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ y Pablo Crespo fueron condenados a 13 años de prisión por la trama valenciana del caso Gürtel. El juez había encontrando culpables a los tres de amañar contratos con la Generalitat para el montaje del expositor de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

La sentencia, no firme, podía ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el TSJCV decretó el ingreso en prisión provisional comunicada sin fianza para los tres cabecillas de la trama Gürtel. El tribunal justificaba el ingreso inmediato en prisión por «el riesgo de fuga» y » la gravedad de la pena a la que han sido condenados». El trío fue internado en el módulo de preventivos en la cárcel valenciana de Picassent a la espera de ser trasladados a una prisión en Madrid, dado que todavía deben responder ante la Audiencia Nacional por el grueso del caso Gürtel.

Los abogados de ‘El Bigotes’ enviaron un escrito el pasado 24 de febrero a la Sala de lo Civil del TSJCV pidiendo la libertad provisional de Álvaro Pérez aduciendo «la desigualdad de trato que recibe nuestro representado en relación con otros condenados a penas de prisión de más de cinco años por penas semejantes».

Las motivaciones de los letrados se producen en base a la actuación de la Fiscalía en el caso de Iñaki Urdangarin. Sólo dos días después de la entrada en prisión de los cabecillas de la Gürtel, Iñaki Urdangarin fue condenado a 6 años y tres meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos contra la Hacienda Pública.

El Fiscal del caso Urdangarin, Pedro Horrach, solicitó en la vistilla posterior a la condena, celebrada el pasado 23 de febrero, el ingreso en prisión de Urdangarin eludible con una fianza de 200.000 euros. Sin embargo, las juezas del caso Nóos decidieron dejar en libertad sin fianza al marido de la infanta Cristina. Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín basaron su decisión en el «arraigo familiar suficiente en territorio nacional  especialmente Urdangarin, cuyas particulares circunstancias, sobradamente conocidas, nos eximen de su pormenorizado análisis».

Continúa la resolución de las juezas que “tal arraigo y la conducta hasta el momento observada por los acusados”, añaden, “ponderados con la condena recientemente impuesta, permite a la Sala estimar que el incremento del riesgo de huida que ello pudiera suponer, puede ser conjurado con la adopción de otras medidas cautelares menos gravosas que garanticen la sujeción de los acusados al control del Tribunal, máxime cuando las acusaciones no han acreditado circunstancia o marcador de riesgo distinto al de la pena que, no debemos obviar, responde a la suma del total de las impuestas”.

Los argumentos de Álvaro Pérez

Los abogados de Álvaro Pérez han tomado punto por punto las motivaciones de la sala que dejó en libertad a Iñaki Urdangarin para solicitar el mismo trato para su defendido. Aseguran, por ejemplo, que no existe riesgo de fuga porque, al igual que en el caso del marido de la infanta Cristina, ‘El Bigotes’ también cuenta con un «acreditado arraigo personal y familiar en el territorio español». «Existe un más que acreditado arraigo laboral en España, tiene aquí a su mujer y a sus hijos, y que éstos son de corta y aún se encuentran bajo la guarda de sus progenitores», relatan en el texto enviado al juez.

Por otro lado, no existe reiteración delictiva, según sus abogados, que piden incluso que el tribunal valore otras «medidas sustitutivas para evitar la prisión provisional» y que, aseguran, podrían ser la retirada del pasaporte, como en el caso de Diego Torres, la prohibición de salir de territorio español o, incluso, la fianza. Por último, señalan que tampoco cabría la posibilidad de mantener a Álvaro Pérez en prisión para evitar la destrucción de pruebas porque el caso se encuentra bajo secreto de sumario y, en su momento, se realizaron todos los registros oportunos para la obtención de pruebas.

Todas estas comparaciones con el caso Urdangarin ha llevado a la defensa de Álvaro Pérez a solicitar la libertad provisional por la vulneración de los derechos fundamentales de tutela efectiva y de defensa, y por la libertad personal de su defendido.