Los alquileres de 3 edificios de Puig y Oltra obligan a la Generalitat a pagar 7,6 millones de €

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 19/07/2024 06:45
  • Actualizado: 19/07/2024 06:45

Los acuerdos alcanzados por el alquiler de tres edificios en la ciudad de Valencia comprometidos por los Gobiernos de Ximo Puig y Mónica Oltra, los denominados Gobiernos del Botánico, comprometen, a su vez, a la Consejería de Servicios Sociales que ahora dirige la también vicepresidenta del nuevo Ejecutivo de Carlos Mazón, Susana Camarero, a pagar un total de 7.663.771,48 euros de todos los valencianos. Sólo en este ejercicio de 2024, los pagos de los alquileres de estos edificios se elevan a un total de 666.680 euros, una cantidad inalcanzable para la inmensa mayoría de los valencianos, que con ese dinero podrían aspirar a una vivienda de alto nivel. Todo ello, según ha confirmado OKDIARIO con fuentes próximas al caso.

Uno de esos edificios es el situado en el barrio valenciano de Ruzafa, alquilado, según fuentes de la Generalitat, a petición de Mónica Oltra para ubicar allí un centro de atención temprana, las dependencias de tutelas y un taller de vida independiente.

El contrato se formalizó el 22 de julio de 2020. Y no concluye hasta la misma fecha del año 2050. Es decir, que el acuerdo de Oltra compromete al Gobierno valenciano, el actual y los que sucedan, a seguir pagando el alquiler otros 26 años a partir de ahora.

El precio de alquiler mensual acordado por la Consejería de Oltra fue de 16.940 euros mensuales. Por tanto, cada año, el Gobierno valenciano debe pagar 203.280 euros en concepto de alquiler por este edificio.

Casi 670.000 € en cinco años

Otro caso singular es el del edificio de Gobernador Viejo. El alquiler arranca el 23 de junio de 2021. Y concluye en la misma fecha de 2026. Es decir, por un periodo de cinco años.

La nueva Consejería de Servicios Sociales se ve obligada a pagar por el alquiler de este edificio 13.956 euros cada mes, lo que supone un total de 167.472 euros cada año. Cuando concluya el periodo de alquiler, se habrán pagado 669.888 euros por el arrendamiento de esos cinco años. En este caso, el alquiler se produjo a petición de la Secretaría Autonómica de la Vicepresidencia Primera, la de Mónica Oltra, que entonces ocupaba Iván Castañón, para una posible ampliación del espacio de esa vicepresidencia.

En la actualidad, y para no dejar el edificio vacío durante la permanencia que el contrato de la etapa de Mónica Oltra exige, trabajan en él 14 funcionarios, que tramitan los títulos de familias numerosas y monoparentales, sin atención al público.

El alquiler de este edificio también enfada especialmente al Gobierno de Mazón. Entiende que también supone un derroche innecesario más de los recursos públicos. Y que, en su lugar, podría utilizarse otro, una obra ya finalizada en el camino Casa Clemencia, que está pendiente de ocupación. O bien, las oficinas situadas en Ausias March, también en Valencia.

Alquiler justo antes de dimitir

El tercer alquiler que supone un extraordinario gasto es el de Beltrán Báguena. Ese contrato arrancó el 7 de junio de 2022. E decir, apenas dos semanas antes de la dimisión de Mónica Oltra. Y concluye en la misma fecha de 2025, si bien hay un año más opcional. Por este alquiler, la Consejería de Servicios Sociales paga un montante de 7.700 euros mensuales. O, lo que es lo mismo, 92.400 euros al año. Cuando el alquiler concluya, se habrán pagado 277.000 euros.

En la actualidad, y por la permanencia que exige el contrato firmado en la etapa de Mónica Oltra, hay un centro de valoración de la discapacidad con 41 funcionarios. El actual Gobierno valenciano considera que hay al menos otros cuatro edificios vacíos que son de la Generalitat y por tanto no suponían gasto adicional y que podían cumplir la misma finalidad que éste.

El cuarto caso es el más peculiar. Es el situado en el número 80 de la céntrica Calle Colón de Valencia. Y su particularidad estriba en que en este caso la Consejería de Servicios Sociales de Susana Camarero ha llevado a cabo una reorganización que al final supone ahorrar 10.013,96 euros al mes. O, lo que es lo mismo, 120.167,52 euros al año. Una pequeña cantidad comparada con el volumen total de 6,6 millones de euros que debe pagar la Generalitat Valenciana por los otros tres, pero que supone, como se ha dicho, un ahorro.