El alcalde de Alcalá de Henares (PSOE) ante el juez por prevaricar con el boicot al proyecto de una sala de ocio

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha declarado como investigado por prevaricación al boicotear el proyecto de una sala de ocio en el barrio donde vive. El proyecto iba a crear más de 200 puestos de trabajo. Junto a él han declarado, también este martes, como investigados, el concejal de Urbanismo y el arquitecto municipal. La querella contra el alcalde de Alcalá ante el Juzgado de Instrucción la presentaron los promotores de la sala Carola Morena contra él y contra todo su equipo de gobierno. El juez la admitió y el alcalde, íntimo del presidente Pedro Sánchez, ha declarado este martes como investigado. La causa está en fase de instrucción. Anteriormente ya lo habían hecho siete concejales, también como investigados. En total, son 10 las personas denunciadas, entre concejales y técnicos del ayuntamiento.

Los hechos se remontan al año pasado. Los querellantes argumentan que los constantes y deliberados cambios normativos y actuaciones municipales del alcalde de Alcalá y su equipo impidieron a la empresa desarrollar su actividad con la consiguiente pérdida económica. Habían invertido ya ocho millones de euros sólo en la reforma del edificio donde iban a desarrollar su actividad. La sala iba a dedicarse a eventos musicales, convenciones y encuentros empresariales. Además, tuvieron que suspender un proceso de selección para contratar a 250 personas al que se presentaron más de 2.500 aspirantes del municipio. Alcalá de Henares -afirman en la querella- cuenta con la tasa de desempleo más elevada de la Comunidad de Madrid.

Los promotores entienden que “de común acuerdo”, el alcalde de Alcalá y el resto de los denunciados “idearon un engendro de operativo administrativo para vulnerar sus obligaciones legales” con el objetivo de “causar un perjuicio al denunciante (el promotor) y favorecer los intereses personales del denunciado (el alcalde)”. Afirman rotundamente que el alcalde “ordena y manda a su equipo político y urbanístico que se pare a toda costa el proyecto. Es decir, que se suspenda la licencia de éste y se articule un procedimiento ad hoc para la denegación definitiva de la licencia”. En este sentido, denunciaron que la suspensión de la licencia -como hicieron- para luego denegarla implica “saltarse la legalidad urbanística”.

Los responsables de la sala denunciaron que existían intereses particulares y profesionales en la negativa y obstrucción del alcalde de Alcalá. Argumentaron -y el juez lo ha admitido- que «el alcalde vive en el entorno inmediato del local afectado, circunstancia que -según ellos- «explica, en todo caso, la diferencia de trato con cualquier otra licencia tramitada en el municipio, aún afectando a la misma problemática».

De hecho, afirman que el ayuntamiento ha concedido licencias en el casco antiguo de la ciudad, en una zona -dicen- «absolutamente saturada» y que los controles de ruido de otras salas fueron laxos o inexistentes. El ayuntamiento, además, argumentó para boicotear la sala de los querellantes supuestos problemas derivados del ocio juvenil, que no era la actividad concreta de la sala. De hecho, algunos de los técnicos que declararon anteriormente en el juzgado, afirmaron que ni el ruido, ni el tráfico en la zona eran un inconveniente.

La denuncia penal detalla minuciosamente el diseño de la estrategia municipal para evitar el funcionamiento de la sala de ocio en la zona de La Garena. En ella se dice que el interés del alcalde de Alcalá y de su equipo municipal en «perjudicar» a los promotores ha provocado una «persecución, ordenanza tras ordenanza, para paralizar la actividad» de la sala, que se ha visto obligada a cambiar su domicilio social y actividad y trasladarse a Madrid después de haber adquirido el edificio en Alcalá de Henares.

La denuncia desmonta uno a uno los argumentos del ayuntamiento. En primer lugar, porque el espacio se sitúa en La Garena, donde existen restaurantes, bares de copas y una discoteca, pero el Ayuntamiento deniega la licencia para desarrollar su actividad a la sala en la misma zona donde lo hacen otros locales de ocio desde hace años. Además, el espacio cuenta con unas extraordinarias medidas de insonorización y evacuación en todas sus plantas, 77 plazas de garaje en sus sótanos, al margen del parking privado que existe justo enfrente, así como más de 600 plazas de garaje a menos de 150 metros, lo que garantizaba el orden de movilidad en la zona y medidas especiales de renovación del aire.

El Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá -recuerdan- «fija un modelo de ciudad basado en la compatibilidad de los usos socio culturales y hosteleros con el modelo residencial» por lo que -según los promotores-«no es incompatible». Los hechos han obligado a los promotores a instalarse en Madrid. El alcalde de Alcalá nunca les recibió.